Diez comunidades piden que el Ejecutivo tutele el programa de tarjetas monedero más allá de 2025 hasta que se resuelvan «sus agujeros»

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Érika Montañés

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La reunión presidida por el ministro Pablo Bustinduy y su equipo se ha celebrado esta mañana desde las 10.00 horas. Tenía el objetivo de resolver las dudas formuladas por las autonomías para implementar el sistema de reparto subvencionado a través del nuevo fondo europeo y que se basa en un vale que las familias vulnerables deben conseguir en Cruz Roja, la organización autorizada por el Gobierno para hacerlo.

Las resistencias de las comunidades, que firmaron todas en diciembre de 2021 adherirse a este sistema, vienen por el formato escogido, pero sobre todo también por los plazos de tiempo que tienen para implementar un sistema que requiere de una logística cuidadosa e importante y la criba de personas seleccionadas para beneficiarse del programa. Esas comunidades también han trasladado sus dudas sobre el 'cómo hacerlo': deben engrasar el sistema y tal vez reforzarlo con servicios adicionales para que en enero de 2025, que es el plazo que se ha dado el Ministerio para retirarse de la tutela de este proceso, pongan en marcha el sistema. Lo cierto es que el pasado 18 de abril Cruz Roja cerró la licitación de las siete cadenas de supermercados donde las familias puede ir con el vale y adquirir solo productos de higiene básicos y productos de alimentación. De la lista de la compra se excluyen productos como las bebidas alcohólicas o alimentos ultraprocesados. Muchas comunidades, como Castilla-La Mancha y Andalucía, han puesto pegas por lo disperso que es su territorio y los puntos de venta donde esas familias pueden ir a adquirir sus alimentos, algunos en otra comarca o a decenas de kilómetros. Hay familias que solo tienen un Carrefour Express cerca en una gasolinera, con los productos con el precio más elevado que en otros puntos de venta, se han quejado.

Se firmó en 2021 y durante dos años y las elecciones, el Ministerio de Ione Belarra no informó o activó con las medidas necesarias a las comunidades para darles tiempo a poner en marcha el sistema, se quejan

En el caso de Madrid, la Comunidad hoy ha trasladado su rechazo al «experimento con familias vulnerables» en que se ha convertido este asunto que, a pesar de haberse firmado en 2021, la anterior ministra Ione Belarra dejó pasar y no adelantó a las comunidades las fórmulas idóneas para que se pusiera en marcha con eficacia este año. Además, según la consejera del ramo en Madrid, Ana Dávila, se ha trasladado al Ministerio la petición de una votación para que en enero de 2025 el modelo transitorio siga pilotado por el Gobierno central y no se deje a las comunidades con su competencia si todavía hay problemas sin solventar. No lo han hecho pocas autonomías: lo han pedido nueve (entre ellas las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias, también Cataluña) junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según otras fuentes de toda solvencia consultadas por ABC.

«El Ministerio debe seguir asumiendo el programa en 2025 hasta que se corrijan los agujeros del sistema y que fueron reconocidos por el propio ministro Bustinduy en su comparecencia en el Senado del pasado 9 de mayo», afirman varias comunidades, entre ellas Madrid.

Desde el Ministerio se insiste en que ahora mismo el primer paso que deben dar las autonomías es identificar a las familias que cumplen los requisitos. Esto ya ha representado un problema. El sistema comenzó en abril pasado y se ha mantenido bloqueado, sin funcionar, hasta ahora, cuando el Ministerio considera que ya pueden dar el pistoletazo de salida al proceso, por cuanto en dos comunidades ya se está haciendo. Son Navarra y Cantabria. Algunas más como Castilla-La Mancha han trasladado que de manera inminente lo van a hacer. Lo afirmó ayer su viceconsejera de Derechos Sociales, Guadalupe Martín, y se ha trasladado así hoy al Ministerio de Bustinduy.

Los servicios sociales de las comunidades identificarán a esas 70.000 familias en toda España (los requisitos que se piden son que las familias estén en situación de extrema vulnerabilidad y cobren menos del 40% de la mediana estatal con hijos menores de edad a su cargo en el mismo domicilio) y las derivan a los centros territoriales de Cruz Roja. Estos dan la tarjeta monedero con una cantidad que no excederá nunca los 220 euros mensuales y las familias beneficiadas recargarán allí mismo su tarjeta cada mes. En alguna de las siete cadenas licitadas para este sistema tendrán que gastar esa cantidad. Otro de los problemas que han surgido es el retraso en la firma de los convenios de Cruz Roja con los supermercados autorizados. Y en este sentido varias comunidades también han trasladado su rechazo a la criba de población seleccionada, porque el modelo «deja fuera al 70% de la población vulnerable».

No resuelve, y en esto están de acuerdo todos los concernidos, el problema de las colas del hambre ni la vulnerabilidad, por cuanto excluye a muchas familias por los requisitos exigidos. El Ministerio «puso el foco en atajar el problema de la pobreza infantil e incluyó a familias con hijos, pero hay muchas personas que no los tienen y están en problemas también», esgrimen las mismas fuentes. Sin embargo, fuentes ministeriales explican que los fondos europeos (Fondo Social Europeo Plus FSE+) dejan un tramo autonómico de un 7%, con dinero adicional para que las comunidades refuercen si lo necesitan el problema. También para que puedan respaldar ese reparto en los bancos de alimentos, pero lo que no se obvia es que los 54 bancos de alimentos en España dependientes de la Federación Fesbal van a tener que seguir ayudando a numerosas familias y perderán el 30% de la aportación que venían recibiendo hasta ahora. De hecho, Fesbal está ahora inmerso en su campaña de gran recogida de alimentos de la primavera en supermercados de todo el país.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha pedido, por este motivo, al Gobierno que renegocie las condiciones del programa con la UE para garantizar la igualdad de todos los españoles posibles beneficiarios de este programa, una petición que han negado desde el Ministerio

En el departamento de Bustinduy son y han sido desde su aterrizaje conscientes de que implementar el sistema va a requerir de un tiempo de transición. No se habían dado pasos adelante en los últimos dos años. De hecho, ante la reticencia de algunas comunidades y la petición de un protocolo común, van a elaborar una guía orientativa que dicen pretende resolver las más de 25 consultas trasladadas. Esta guía se suministrará la semana que viene a todas las autonomías y a partir de entonces entienden que si ya hay dos comunidades que están dando pasos para ponerlo en marcha, el resto también puede hacerlo.

Recuerda el Ministerio que todos los territorios suscribieron adherirse a estos fondos de forma unánime en diciembre de 2021 en un Consejo Territorial presidido por la entonces ministra Ione Belarra. La «herencia» de este asunto ha exigido resolver dudas técnicas y jurídicas pero «las competencias exclusivas de los servicios sociales» son de las autonomías, que son responsables ahora, según el Ejecutivo, de sortear las dificultades que encuentren y ponerlo en marcha de forma inminente.