Europa acuerda perseguir la coacción en la gestación subrogada, el matrimonio forzado y la adopción ilegal como formas de trata, pero no toca la prostitución

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Érika Montañés

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Según este acuerdo, que han explicado hoy en rueda de prensa varias de las negociadoras, se amplía la protección de las víctimas de trata de seres humanos y se abre la puerta a que Europa destine fondos para su reparación, así como en su reubicación en refugios y alojamientos de acogida. De acuerdo con la valoración que ha realizado Rodríguez Palop, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, «como Parlamento, teníamos una posición muy ambiciosa y el Consejo se ha mostrado abierto al diálogo. Todos hemos tenido que ceder, pero el resultado es bueno. Hemos introducido, entre otras, la explotación de los vientres de alquiler, mejorado la prevención, reforzado la investigación y la persecución, así como la coordinación y el seguimiento, e incluido medidas para proteger, asistir y apoyar mejor a todas las víctimas. Hoy estamos un poco más cerca de acabar con esta forma de barbarie«.

Por su parte, Malin Björk (de la izquierda sueca), eurodiputada de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha señalado que «el acuerdo refuerza la protección de las víctimas de la trata, con especial atención a las víctimas más vulnerables, incluidas las personas necesitadas de protección internacional, las mujeres y niños. Exige a los Estados miembros que intensifiquen su respuesta a la trata de seres humanos, incluyendo el mandato de que haya coordinadores nacionales contra la trata. Hemos acordado hacer frente a la explotación de las víctimas de la trata en sus formas más evidentes. Aunque me hubiera gustado una prohibición más amplia de la explotación, incluida la sexual, esto ya es una mejora de la legislación actual«.

Ambas se han detenido a explicar por qué el cliente de prostitución no será penalizado por esta vía. Para Rodríguez Palop, "hay una relación directa entre prostitución y trata" y se ha intentado que los países adoptasen un compromiso para reducir la demanda de esos servicios sexuales, pero han chocado frontalmente con las resistencias del Consejo. También su colega sueca ha abundado en la rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Bruselas que hay países que han llevado la delantera en este sentido (como Irlanda, Noruega, Francia y Suecia). Sin embargo, el Consejo se ha opuesto y se ha dejado la propuesta de penalizar la compra de servicios sexuales en un "considerando", más que en una necesidad. Aun así, "ha sido un éxito importante de toda la negociación" y un "proceso costoso" llegar hasta aquí, han resumido ambas, que también se han felicitado porque las víctimas van a tener mayor protección internacional y asilo con esta revisión.

El acuerdo consta de estos objetivos principales:

-Garantizar que las autoridades responsables de la lucha contra la trata y las de asilo coordinen sus actividades para que las víctimas de la trata, que también necesitan protección internacional, reciban el apoyo y la protección adecuados, y que se respete su derecho de asilo;

- tipificar como delito el uso de servicios prestados por una víctima de un delito relacionado con la trata de seres humanos, cuando el usuario sepa que la víctima es explotada, para reducir la demanda que impulsa la explotación;

- introducir sanciones para las empresas condenadas por trata de seres humanos, incluida su exclusión de los procesos de licitación y del reembolso de ayudas o subvenciones públicas;

- garantizar que los fiscales puedan optar por no procesar a las víctimas por actos delictivos que fueron coaccionadas a cometer, y que reciban apoyo independientemente de si cooperan o no en la investigación.

- garantizar el apoyo a las víctimas mediante un enfoque que tenga en cuenta el género, la discapacidad y la infancia, y que se base en un planteamiento interseccional;

- garantizar los derechos de las personas con discapacidad y el apoyo adecuado, incluida la designación de tutores o representantes, a los menores no acompañados;

- permitir que los jueces consideren la difusión no consentida de imágenes o vídeos sexuales como circunstancia agravante a la hora de dictar sentencia.

El Parlamento y el Consejo tendrán que aprobar formalmente el acuerdo. Las nuevas normas que se dan los Veintisiete entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y los Estados miembros tendrán dos años para aplicar las disposiciones.