El Defensor del Pueblo hará público el viernes su informe sobre abusos a menores en la Iglesia

Tras esta entrega, la presentación del texto ante el pleno de la Cámara Baja se realizará cuando lo determine la Mesa del Congreso, tal como se explicita en la proposición no de ley del 17 de marzo de 2022, que realizó la encomienda al Defensor del Pueblo para que elaborara el informe. Un acto que puede retrasarse bastante ya que el Congreso no tiene previsto, a corto plazo, ningún pleno salvo el de investidura.

El encargo a Ángel Gabilondo lo realizó el pleno del Congreso en marzo de 2022, en la anterior legislatura, a través de una proposición no de ley promovida por PSOE y PNV, que finalmente obtuvo un amplio apoyo parlamentario. El texto instaba al Defensor del Pueblo a la creación de una comisión independiente que elaborara un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos en esta cuestión.

A partir de ahí, Gabilondo creó una comisión, compuesta por diecisiete asesores externos a la institución que provenían de ámbitos profesionales y académicos y que contaban con experiencia en la atención de víctimas, en la defensa de los derechos humanos y conocimientos en victimología. A ella, invitó a pertenecer a miembros de la Iglesia, aunque los obispos dejaron claro entonces que colaborarían con el Defensor, aunque no participarían en la comisión. No obstante, Gabilondo incluyó en ese equipo a varios laicos vinculados a proyectos eclesiales o que ya habían tenido una experiencia previa en la investigación de abusos en la Iglesia católica.

Además de la comisión, también se creó una Unidad de Atención a las víctimas, con expertos externos, encargada de atender las denuncias, escuchar a los afectados y recoger la información. Para ello habilitaron un teléfono gratuito, un correo electrónico y un formulario disponible en su página web. En la última ocasión que la oficina facilitó datos, el pasado mes de marzo, señaló haber recibido 445 testimonios directos de víctimas.

A ello sumó los datos aportados por la Conferencia Episcopal, también el pasado marzo, en su informe de seis tomos titulado 'Para dar luz', en el que recogía las denuncias recibidas en las oficinas de la Iglesia hasta ese momento. En su última versión, la Iglesia reconocía 728 abusadores y 927 víctimas. De ellas, 186 eran nuevas denuncias de abusos conocidas en 2022.

Un cambio de criterio de la Conferencia Episcopal, puesto que en un primer momento afirmaba que no disponía de datos globales, sino que estos los tenían las diócesis y las congregaciones religiosas, por lo que instó al Defensor que se dirigiera a ellos para su estudio. Sin embargo, cuando Ángel Gabilondo aseguró que eran «pocos» los obispos que había respondido a su requerimiento y amenazó con hacer público quienes no colaboraban, desde la Conferencia se organizó esa recopilación. Todo ello, a pesar de que el secretario general de los obispos, César García Magán, justificó que la falta de respuesta se debía a que se habían usado correos desactualizados.