Los cuatro Jinetes del Apocalipsis del fuego en España

España se enfrenta a una tormenta perfecta que exige ir más allá de apagar balsas de fuego con aviones. Los retos son estructurales: recuperar el relevo rural, planificar el paisaje, reforzar el cuerpo forestal con mejores condiciones laborales y endurecer las medidas contra quienes provocan incendios. Los expertos coinciden en que, solo con una estrategia «integral y coordinada» se podrá apagar esta crisis con raíces profundas.

La superficie forestal quemada en España ya es la segunda más extensa de la última década, con casi 80.000 hectáreas quemadas, más de la mitad de ellas en el mes de agosto. La cifra no sólo supera ampliamente la media de las dos últimas décadas hasta esta época del año, 53.000 hectáreas, sino que es más alta incluso que la media del área quemada en todo el año (79.000 hectáreas), según los datos de EFFIS, el sistema europeo de vigilancia de los incendios forestales.

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El abandono del medio rural: «No hay nadie para limpiar el monte»

La actual ola devastadora de incendios forestales no obedece a un solo motivo, sino a una serie de causas estructurales que se alimentan entre sí y que siguen sin resolverse: la crisis climática, la transformación del paisaje y la despoblación del medio rural. De hecho, el origen del mal, coinciden los expertos, está en el abandono del monte.

Juan Picos, profesor forestal de la Universidad de Vigo, lo resume con crudeza: «Vivimos el choque de dos trenes: décadas de abandono del medio rural por un lado, y el cambio climático, por otro. Ahora que el calor es más sofocante que nunca, no hay nadie para limpiar el monte y evitar que ocurran tragedias».

La desaparición de prácticas tradicionales por falta de relevo generacional -como la agricultura o la ganadería extensiva- ha favorecido una acumulación masiva de biomasa: cada año se acumulan unos 30 millones de metros cúbicos de material vegetal sin gestionar. El resultado es un paisaje homogéneo, joven y muy inflamable.

Además, de la superficie forestal, que cubre el 50% del territorio, el 70% es de propiedad privada y, en muchos casos, sus dueños desconocen que lo son o han dejado de gestionar las parcelas por «escasa rentabilidad económica», apunta el profesor. «En España sufrimos un desprendimiento en la gestión de las parcelas, que dificulta enormemente las labores de prevención, extinción y aplicación de medidas ante incendios forestales», destaca Picos.

A este escenario se suma la ausencia de planificación a corto o medio plazo. Solo un 20% de los bosques cuentan con un plan de gestión forestal; el 80% restante carece de cualquier estrategia sostenible. La Estrategia Forestal Española, aprobada el año pasado con miras a 2050, establece como objetivo que la mitad de la superficie forestal tenga un plan de gestión para entonces. «Esto implica un trabajo conjunto de diversos actores sociales, políticos, administrativos y propietarios forestales, tanto públicos como privados», subraya Picos.

Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, cree que la solución pasa por «fomentar una agricultura y ganadería adaptadas a las tecnologías actuales y concentradas en zonas estratégicas de gestión» y advierte que «cada hectárea que se abandona es una hectárea que se puede quemar en alta intensidad». Esto, señala, supone «una oportunidad perdida para proteger la biodiversidad, frenar la desertificación, evitar la pérdida de suelo y agua y paliar los efectos de la emergencia climática». La prevención, insisten los expertos, debe ser continua y no solo reactiva. «No siempre vamos a poder evitar que ocurran estos incendios, pero sí deberíamos intentar estar preparados para evitar su propagación», advierte Tolosana.

Sin una intervención decidida, la tendencia es preocupante. El abandono del monte no solo multiplica el riesgo de incendios, sino que también provoca la pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y una degradación paisajística que dificulta la recuperación tras cada gran incendio. Los expertos coinciden en que el desafío es doble: recuperar el vínculo entre las comunidades y el territorio, y asegurar que el monte se gestione de forma activa y planificada durante todo el año. «Así se frena el avance de las llamas, pero también se ralentiza la despoblación», concluye el ingeniero.

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El 54% de los incendios forestales son intencionados: «Los pirómanos se creen impunes»

En lo más crudo del verano, cuando la sequedad del monte convierte cualquier chispa en una amenaza, los pirómanos y negligentes encuentran su escenario perfecto. A veces basta una cerilla arrojada desde la ventanilla de un coche o una quema agrícola mal controlada para que cientos de hectáreas acaben reducidas a cenizas. Y, pese a la magnitud de la tragedia, la mayoría de quienes provocan estos incendios raramente se enfrentan a consecuencias penales.

Según el último informe anual de incendios forestales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el 96% de los incendios en España tienen origen humano, y el 54% son intencionados. Lourdes Hernández, autora del informe y técnica especialista en incendios forestales, explica que «en muchas ocasiones son fruto de disputas rurales, piromanía, quema agrícola o por especulación».

El WWF también subraya que en 2022 solo se iniciaron 482 investigaciones penales, pese al alto coste medioambiental y social de estos incendios. Las sanciones pueden ser severas, llegando a los 10 años de prisión para los casos más graves, pero según explica Hernández, «lo normal es que no se apliquen nunca las penas con la firmeza necesaria». Este escenario revela que, mientras los bosques arden, quienes causan el fuego rara vez enfrentan consecuencias que reflejen sus actos. «Los incendiarios se consideran impunes», lamenta Hernández, quien pide con urgencia un «cambio efectivo en la respuesta judicial y administrativa». «España no puede ser un nido de pirómanos».

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Una sequedad extrema que amenaza con el colapso de los medios de extinción

La mecha que enciende un incendio forestal rara vez la provoca una ola de calor. Suele deberse a un descuido, la caída de un rayo o a la acción del hombre. Sin embargo, que buena parte del país encadene más de diez días con temperaturas extremas influye directamente en la rápida propagación de las llamas, pese a que este verano haya llegado precedido de una primavera lluviosa. Esa combinación genera un aumento de vegetación durante los meses húmedos que, al secarse bajo temperaturas extremas, se convierte en combustible.

La clave, según explica a ABC Marcelino Núñez, delegado territorial en Extremadura de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se encuentra ahí, en la «sequedad extrema» que presenta este 'combustible vivo'. «Llevamos muchos días de una fuerte ola de calor, lo que produce un estrés térmico a las plantas, que las seca y baja su contenido en humedad, todo ello hace que se propaguen los incendios con mucha más intensidad», explica.

Tampoco es comparable la magnitud de esta ola de calor, en pleno agosto, con la primera que sufrimos los españoles a finales de junio. «Nos dio un golpe importante, pero el suelo mantenía algo de agua. Si la situación de ahora nos hubiera cogido a principios de verano, los forestales hubieran podido sofocar las llamas más fácilmente», lamenta Núñez.

La predicción del tiempo para los próximos días tampoco es de buen augurio. «Se prevén tormentas eléctricas, con precipitaciones escasas y con fuertes rachas de viento, lo que puede avivar las llamas, descontrolar su dirección o generar nuevos focos». El organismo advierte que, si la situación se mantiene mucho más tiempo, sin precipitaciones o con temperaturas rozando los 40ºC, podrían llegar a «colapsar» los sistemas de extinción.

Además, esta situación coincide con una preocupante tendencia: los llamados Grandes Incendios Forestales (GIF) -aquellos que arrasan 500 hectáreas o más- han aumentado un 31% en la última década. En 2004 apenas representaban un 0,10 % del total de siniestros. Este incremento en la frecuencia y extensión de incendios extremos añade presión a los equipos de extinción y complica la recuperación ambiental. La gestión de los GIF exige algo más que más recursos: requiere planificar el paisaje, diversificarlo y romper su continuidad para que el fuego no pueda propagarse sin control, advierte el informe anual de incendios forestales de WWF. Según esta organización, los GIF aparecieron por primera vez en 2017, y desde entonces han dejado episodios tan dramáticos como los de Tenerife en 2023 o Sierra Bermeja en 2021.

El riesgo que advierten los expertos es que, sin medidas estructurales, la simultaneidad de incendios extremos podría colapsar los sistemas de extinción y causar daños irreversibles. Por ello, subrayan la importancia de actuar de forma preventiva para evitar que estos incendios de sexta generación se vuelvan cada vez más frecuentes y devastadores.

Por su parte, Núñez añade que no quiere dar un mensaje «fatalista», pero incide en que la situación que vivimos ahora no es a causa de otra cosa que el cambio climático. «Cada vez vamos a olas de calor más largas e intensas y los incendios forestales en el Mediterráneo van a ser más complicados. Esto no es cosa de un día o de un par de semanas, va a pasar el resto de veranos».

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Los retenes forestales «bajo mínimos»: «Estamos al límite y perdemos años de vida»

Los bomberos forestales son la primera línea de defensa contra el fuego, pero su labor no se limita solo al verano: en invierno realizan trabajos de selvicultura preventiva, como poda o desbroce, para reducir la acumulación de material inflamable. Sin embargo, Javier Villanueva, bombero forestal del sindicato Firet, denuncia que las condiciones laborales son cada vez más precarias y ponen en riesgo tanto la eficacia del servicio como la salud de los propios trabajadores.

«Se repiten los mismos problemas en todas las comunidades. Es competencia autonómica, pero la temporalidad es la norma. La mayoría de las plantillas solo trabaja tres o cuatro meses, en la época de alto riesgo, y el resto del año se queda un pequeño porcentaje. En Madrid es del 40%, pero en León es apenas el 27%», explica.

Otro punto que les preocupa es la exposición a agentes cancerígenos. «En Madrid hay un plan que no se está aplicando. Los equipos de protección no cumplen la normativa y la ropa no se descontamina: las lavamos nosotros en casa». El impacto, asegura, es letal: «De media, perdemos unos diez años de vida trabajando en estas condiciones por lo que respiramos». A ello se le suman las lesiones, tanto en invierno como en verano. «Poca gente se jubila porque acaban muy machacados. Y si no estás en la primera línea de fuego te vas a la calle». Villanueva subraya que la segunda actividad no está reconocida oficialmente, lo que deja sin salida laboral a muchos profesionales lesionados.