La Junta exige una reunión urgente al Gobierno para solventar las deficiencias del nuevo sistema de reparto de alimentos básicos

La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha pedido al Gobierno una reunión urgente y extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Dependencia al sostener que el 85% de las personas que actualmente reciben estos alimentos en Andalucía quedarán excluidas con el nuevo sistema de tarjetas monedero.

Y es que tan sólo 120 municipios andaluces cuentan con al menos un establecimiento de los acordados para adquirir estos alimentos básicos, por lo que 665 quedarían excluidos tras el cambio establecido el día 8, consistente en una subvención directa a la Cruz Roja en un modelo transitorio para el presente año, por lo que censura «el carácter excluyente» del modelo adoptado.

Esto supone además, según denuncia la Consejería, que sólo se podría atender en Andalucía a entre 15 y 20.000 familias con menores a su cargo, apenas 50.00 personas, por lo que el 85% de los actuales beneficiarios, entre los que destacan los mayores, las personas in hogar y los inmigrantes, quedarían fuera de estas ayudas.

López entregó el viernes en mano al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, una carta en mano pidiendo dicha reunión urgente. Lo hizo con motivo del encuentro mantenido el 26 de abril en Córdoba. Fuentes de la Consejería de Inclusión han confirmado a ABC que no ha habido respuesta.

En el escrito remitido al ministro, la consejera recuerda que ya el 29 de diciembre del año pasado le trasladó su «más profunda preocupación ante la desconcertante situación generada» por el Gobierno con este cambio y le pedía una reunión bilateral urgente para introducir modificaciones en dicho programa.

Entre dichos cambios, la Junta reclama la habilitación de una vía dual para la provisión de la ayuda de modo que, junto a la modalidad indirecta a través de un sistema de tarjetas, puedan proporcionarse alimentos y asistencia material básica directamente a las personas más desfavorecidas a través de las entidades de distribución.

También solicita un cambio de la definición de los principales grupos destinatarios, de manera que la intervención no se concentre exclusivamente en familias con menores a cargo, posibilitando que las comunidades autónomas puedan adaptar el perfil de las familias destinatarias en función de sus propias singularidades.

Por último, la Junta exige «la misma flexibilidad que se están otorgando los ministerios para la primera etapa de implementación del programa a través de la concesión de subvenciones directas».

Además, denuncia que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha negado «reiteradamente a establecer criterios homogéneos» para la determinación de los requisitos de acceso a su programa transitorio en todo el Estado, tales como la definición del concepto de unidad familiar o la determinación del periodo temporal sobre el que se ha de llevar a cabo la comprobación del umbral de renta, «indefinición que se extiende a la documentación exigible para respaldar la acreditación de estos aspectos, de modo que se está induciendo a una situación de inequidad en el trato a la ciudadanía en función de la comunidad autónoma de residencia».

Destaca además la precariedad de los medios previstos para las derivaciones, mediante rudimentarias fichas en formato hoja de cálculo. «No existe por tanto intención por parte del Ministerio de habilitar un sistema de información que ofrezca las mínimas garantías básicas para el cumplimento de obligaciones de materia de protección de datos».

«Llegados a este punto y compartiendo con otras muchas comunidades autónomas la preocupación por los negativos efectos de un modelo que va a condicionar por completo la capacidad de atención a las necesidades de la población vulnerable durante el próximo lustro, solicitamos la convocatoria con carácter urgente de una sesión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fin de someter a examen la actual configuración del Programa FSE+ de Asistencia Material Básica de España», concluye la misiva que López ha entregado a Bustinduy.