Las tarjetas monedero excluyen a 350.000 familias necesitadas

Se trata de una partida de 563 millones de euros (más un 10% mínimo de cofinanciación autonómica) del programa del Fondo Social Europeo Plus con los que el ministerio estima llegar a unas 70.000 familias en siete años. En esta primera fase, que es provisional, el importe máximo de la subvención es de 100.236.573,50 euros (95,5 millones de destinan a los gastos en alimentos y productos básicos y 4,7 millones para Cruz Roja en concepto de gastos técnicos para la implantación del programa). La decisión de que los destinatarios sean familias con menores a su cargo responde a un intento de luchar contra las altas tasas de pobreza infantil en España. Nuestro país es el que tiene un mayor riesgo de pobreza infantil de toda la Unión Europea: un 28,7% de los menores se encuentran en esta situación.

Pero, a pesar de que la medida se presenta como una fórmula para acabar con el estigma de las «colas del hambre», se trata de una improvisación para salvar una situación en la que, incluso, se corría el riesgo de perder los fondos europeos que la financian. Como reconocía ayer el ministro, la decisión de cambiar el anterior Fondo Europeo de Ayuda a las personas más desfavorecidas (programa FEAD) por el modelo de ayudas indirectas a través de las tarjetas monedero se tomó en el Consejo Territorial de Derechos Sociales de diciembre de 2021, por unanimidad de los presentes, Ejecutivo y comunidades autónomas.

La propuesta fue validada por la Unión Europea, que financia el programa a través del Fondo Social Europeo Plus, y Belarra contaba con dos años para cerrar un Acuerdo Marco con las distintas organizaciones implicadas para que las comunidades autónomas -que son quienes tienen que gestionarlo al tener transferidas las competencias en servicios sociales- pudieran licitar las ayudas y ponerlo en funcionamiento.

De hecho, el pasado septiembre, la Comunidad de Madrid enviaba una carta a la entonces ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, advirtiéndole de que su incapacidad para tramitar el Acuerdo Marco que debía regular el nuevo Programa de Asistencia Material Básica ponía en riesgo las ayudas a miles de personas vulnerables. Belarra nunca aprobó aquel Acuerdo Marco. Por contra, lo que hizo en octubre de 2023 es realizar una última compra de alimentos no perecederos, a cargo del FEGA, que fueron entregados a la Cruz Roja y la Fesbal (Federación de Bancos de Alimentos), quienes así los gestionaban desde 2014. Era la última acción del anterior programa y servía para garantizar que la entrega de alimentos para las necesidades básicas estuviera cubierta hasta abril de este año, a la par que el ministerio se daba un tiempo para buscar una solución definitiva.

Sin embargo, la decisión final, vía Real Decreto, que fuentes del ministerio han calificado de «solución transitoria y excepcional», ha consistido en dotar a la Cruz Roja de una subvención de 100,2 millones de euros (95,5 se destinarán a los gastos en alimentos y productos básicos y 4,7 millones para los gastos de implantación) para que se encargue del reparto de las tarjetas monedero, desde mayo de este año -cuando se agotan los alimentos de la última compra- hasta diciembre. Una nueva forma de ganar tiempo, porque a partir de 2025 serán las comunidades quienes se encarguen por completo del programa.

Otro de los problemas que plantea el nuevo sistema es el reducido número de beneficiarios al que va a llegar. Para las tarjetas monedero se ha focalizado la ayuda en un único colectivo, el de familias con niños a su cargo. Aunque el importe máximo que podrá recibir cada familia será determinado por los servicios sociales de las comunidades autónomas, el máximo que recibirá una unidad familiar de dos miembros, con una persona adulta y un menor, será de 130 euros al mes. Si tiene tres miembros (siempre que uno de ellos sea menor) recibirá 160 euros mensuales; si es de cuatro miembros, 190 euros al mes y si cuenta con cinco o más miembros, llegará hasta los 220 euros mensuales.

Sin embargo, el rango «personas en extrema vulnerabilidad» que, hasta este momento, atendía el sistema es mucho más amplio que el de este tipo de familias. Así, ancianos con problemas económicos, personas sin hogar, familias con hijos mayores de 18 años, inmigrantes sin papeles y comedores sociales, que hasta ahora reunían los requisitos para acceder a esta entrega de alimentos quedarán fuera de las tarjetas monedero. Desde la Fesbal advierten de que la «reforma dejará a muchas personas usuarias desatendidas». En concreto, señalan que sólo el 16,5% de las familias cumplen los requisitos de tener al menos un menor a su cargo y recibir menos del 40% de la renta básica, los requisitos para acceder a las tarjetas monedero.

Fuentes del ministerio, parten de la perspectiva de que «nadie se quede fuera» de las ayudas, pero acaban derivando esa responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en servicios sociales. También añaden que entidades como la Fesbal seguirán recibiendo subvenciones y recuerdan que el pasado año la cuantía «estuvo alrededor de dos millones de euros».

Así, el Gobierno estima los beneficiarios en unas 10.000 familias al año al año, 70.000 en los siete años que dura el programa. Sin embargo según el presidente de la Fesbal, Pedro Llorca, «estimamos que este nuevo sistema dejará desprotegidas a más de 350.000 familias que no cumplen con los criterios que determina la ley y a cientos de miles de personas que se ven obligadas a acudir a un centro de distribución de alimentos, personas sin hogar, con ingresos bajos, inmigrantes sin documentación».

Además, también recuerdan que con este sistema «van a dejar de recibir este año unos 50,2 millones de euros en alimentos» lo que puede «poner en riesgo la capacidad de los bancos de atender a la población que ha venido apoyando desde hace más de 30 años». Lo que no quiere decir que desaparezcan. Al contrario, en estos momentos las ayudas del fondo europeo suponían sólo el 28% de los alimentos que distribuían, el resto provienen de donativos particulares, subvenciones e iniciativas como la «Gran Recogida» que organizan cada año antes de Navidad. Eso sí, ya han adelantado que «si se confirma esta medida, el apoyo de la sociedad civil será más necesario que nunca».

Además, desde los Bancos de Alimentos, señalan otro problema: los beneficiarios de las tarjetas monedero tendrán que pagar los productos a precio de mercado, mientras que en el anterior sistema, las compras se hacían al por mayor por parte del Estado. Eso implica, según el director de la federación, Francisco Greciano, que «llegarán a pagar entre un 70 y un 75 por ciento más por los mismos alimentos». Una situación que les preocupa porque además de atender a los que no sean beneficiarios de las tarjetas, tendrán que complementar las bolsas de las familias que no puedan llegar a fin de mes a pesar de esta ayuda.