Las siete cadenas de supermercados donde las familias vulnerables podrán canjear los vales monedero del Gobierno

Una de las novedades que señala el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado son las siete cadenas de supermercados donde se podrán adquirir los alimentos y gastar el dinero de esas tarjetas de bienes. Derechos Sociales subraya que Cruz Roja Española, entidad con la que colabora, ha hecho una licitación pública a la que han accedido las cadenas de supermercados Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol.

Estas cadenas cumplirían con los requisitos que se especicaban: uno de ellos es que estos establecimientos dispongan de un sistema que permita facilitar las tarjetas y excluir productos no elegibles en caja, ya que el tipo de productos al que se puede acceder incluye únicamente los considerados de primera necesidad, tal y como señala el programa europeo, afirma el gabinete de Bustinduy, para advertir de que con estas tarjetas no se podrán adquirir alimentos ultraprocesados o bebidas alcohólicas.

En función del número de miembros que formen la unidad familiar, las tarjetas monedero tendrán una dotación económica de entre 130 y 220 euros mensuales. Este nuevo sistema cumple con otro objetivo importante: evitar la estigmatización social que sufren a menudo las familias más vulnerables, aplicando para ello un mecanismo que ya funciona con éxito en otros países europeos, resolvió Derechos Sociales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención por un importe superior a los cien millones de euros a Cruz Roja Española para la puesta en marcha durante este año del programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica (Programa Básico), en el que se enmarcan estas ayudas, Pablo Bustinduy defendió que estas tarjetas monedero permitirán a sus beneficiarios «no tener que ir a las colas del hambre» y suponen «un paso decisivo para dignificar la protección social» en España, unas argumentaciones contra las que están los responsables por ejemplo de los Bancos de Alimentos (Fesbal) en España.

Según estableció el Real Decreto, se adjudica a Cruz Roja «por tener experiencia previa en iniciativas similares, implementación en todo el territorio nacional y amplia trayectoria en el trabajo con servicios sociales y familias vulnerables».

Tal y como publicó ABC en su edición del pasado 1 de enero, el modelo funciona con tarjetas monedero y se destina a familias en condiciones extremas de vulnerabilidad con niños o adolescentes a su cargo, atendiendo así el objetivo de reducir la pobreza infantil que la Comisión Europea fijó como prioritario al aprobar este programa. «Bajo este criterio, se estima que unas 70.000 familias van a recibir estas tarjetas con las que podrán hacer compras mensuales de alimentos y productos de primera necesidad», agregó el departamento de ustinduy, al tiempo que puntualizó que, con este objetivo y una vez que el Gobierno ha habilitado ya las tarjetas monedero, son ahora los gobiernos autonómicos los que tienen la «responsabilidad» de «identificar, valorar y derivar» a los «potenciales beneficiarios» de este sistema, para poderles hacer llegar las tarjetas, tal y como establece el mandato que recibieron las comunidades autónomas en 2022, cuando la Comisión Europea aprobó este programa.

No obstante, este diario también publicó que el nuevo sistema excluye a 350.000 familias que recibían ayudas por los nuevos criterios que impone y que deja fuera, entre otras entidades, a la Federación de los Bancos de Alimentos (Fesbal)que hasta ahora se encargaba de esa obra solidaria.

Según el gabinete de Bustinduy, las personas beneficiarias podrán acceder «de manera directa» a alimentos frescos y a alimentación infantil, así como a productos básicos de higiene, incluidos los de higiene femenina, algo que, a su juicio, «supone una notable mejora respecto al tipo de productos al que optan a través del reparto tradicional de alimentos».

«El pasado 23 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para que este modelo arrancase este año. Se fijó como fecha de inicio este mes de abril, cuando concluye la última partida del FSE+ asignada al reparto tradicional de alimentos y es ahora, en abril, cuando el Gobierno de España cumple su compromiso de poner en marcha este sistema», abundó, para hacer hincapié en que lo hace «de manera transitoria hasta el 31 de diciembre» y en que, a partir del 1 de enero de 2025 serán las comunidades autónomas las que gestionen el nuevo modelo «en solitario». Según el ministerio, la Administración General del Estado «da más tiempo» a los gobiernos autonómicos para implementar este operativo, ya que la gestión de los servicios sociales es una competencia «exclusiva» de las comunidades autónomas.