El funcionario de Castilblanco, condenado por el desfalco de la caja municipal, elude la cárcel

Una confesión que le valió para que no se celebrara el juicio el pasado mes de marzo y para que las acusaciones, entre ellas el Ayuntamiento de la localidad serrana, retiraran la petición de ocho años de prisión que inicialmente solicitaban.

En un auto, adelantando por la agencia Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia acepta la petición realizada por el abogado del funcionario para que se suspendiera la entrada en la cárcel de su cliente mientras se resuelve la petición de indulto que ya han dirigido al Gobierno central. En la resolución judicial se recuerda que la ley contempla esta posibilidad para que en caso de que la medida de gracia sea concedida por el Consejo de Ministros, su finalidad «no resulte ilusoria» porque el condenado ya se encuentre en la cárcel.

Además el tribunal entienden que en este exempleado público concurren las circunstancias para concederle esta suerte de prórroga «atendiendo fundamentalmente a la extensión de la pena impuesta (cuatro años de prisión)» y a que no le constan antecedentes penales más allá de esta condena.

Si bien la Audiencia ha establecido un plazo de un año «para no demorar en exceso el eventual cumplimiento de la condena» . Superados los doce meses sin que el Gobierno haya tomado una decisión, «se ejecutará la pena impuesta sin mayor dilación». Durante la negociación para alcanzar la sentencia de conformidad que llevó a la suspensión del juicio y a la confesión del acusado, la Fiscalía se mostró contraria a que el exfuncionario evitara la cárcel, de ahí que aceptara una pena superior a los dos años.

Además de la confesión, el procesado tuvo que ceder al Ayuntamiento la propiedad de dos inmuebles de la familia para que el Consistorio pudiera recuperar los 186.551 euros que salieron de manera ilegal de su caja municipal.

José Manuel Vileya ingresó en el Consistorio como empleado público en 1977. Cuando se detectaron las primeras irregularidades contables en 2014 se encargaba de la recaudación e ingreso de impuestos locales. Según las acusaciones, llegó a falsificar la firma del alcalde para conceder licencias que luego cobraba en mano. En algunas ocasiones se quedaba íntegramente con el dinero pagado por los vecinos y en otras ingresaba sólo una parte en la caja.