La Diputación de Sevilla, denunciada por sus trabajadores

De este modo, y como habían anunciado hace unos días, el comité de empresa (UGT, CCOO, USO, USTEA y SAT/SAB) denunció ayer ante la Fiscalía a la Diputación por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y coacción tras aprobar en el último pleno de 2015 la suspensión de esos artículos. Se informó de que la denuncia ha sido interpuesta contra el presidente, el director del área del empleado público, el secretario general, el interventor general y los diputados que apoyaron dicha propuesta, eso es, los 16 del PSOE.

La suspensión se acometió tras las conclusiones del demoledor informe de fiscalización que hizo la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que, entre otras consideraciones, cuestionaba la política de personal de la Diputación y llamaba la atención por cubrir la asistencia médica privada y el gasto farmacéutico de todos sus funcionarios, amén de esos premios y retribuciones de carácter especial.

Los sindicatos replican que la Cámara de Cuentas no tiene entre sus funciones fiscalizar la estructura retributiva de los empleados de la administración local y, además, sus recomendaciones «no son vinculantes» . Además, el comité denunció que todo se ha hecho «dejando sin efecto actos y normas vigentes y vinculantes bajo una apariencia de legalidad cuando ningún Tribunal ha suspendido su ejecución, ni la administración lo ha requerido ni se ha iniciado un procedimiento para la revisión de oficio de sus actos».

Igualmente, el comité de empresa aseguró que «es falso» que la Diputación hubiera informado a las secciones sindicales de dicha decisión. Según los representantes de los trabajadores, cuando se iba a iniciar la negociación el pleno de la Diputación aprobó el « descuelgue unilateral del convenio colectivo alegando que se podría incurrir en prevaricación y que peligraba el cobro de la nómina de enero de 2016 ante la negativa del interventor y el secretario a informar favorablemente» .