El alcalde defiende las contrataciones investigadas

ABC de Sevilla ha publicado hoy lunes que el primer edil y cuatro de sus concejales estaban siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de la localidad por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohechos en relación con la organización de festejos desde 2011 a 2016, especialmente los relacionados la feria de Morón y con el festival flamenco Gazpacho Andaluz, por lo que ha sido citado a declarar este jueves.

En el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los agentes solicitan al juzgado la comparecencia judicial del alcalde y de sus concejales Manuel Escalante, Nieves Ortiz y Rosario Andújar , como «investigados no detenidos».

No obstante, el alcalde de Morón y sus concejales están «absolutamente tranquilos», porque según Juan Manuel Rodríguez, los expedientes de contratación saldados con adjudicaciones a la empresa Forum T. Nazareno , que según la UDEF habría sido «sistemáticamente» favorecida por el Ayuntamiento de Morón, están plenamente avalados y las «observaciones económicas» realizadas por los funcionarios respecto a tales contrataciones «son las mismas que se dan en todos los pasos que se da en este Ayuntamiento, por las circunstancias económicas que tiene».

El alcalde ha remarcado que esta causa judicial se debe a una estrategia «de desgaste personal de una parte de la oposición » para la posterior utilización política de las diligencias judiciales y el «desgaste» del Gobierno local socialista.

Es más, el alcalde ha expuesto que aunque las diligencias judiciales nazcan de una supuesta denuncia anónima, «es muy sospechoso que a los pocos minutos de conocerse las citaciones» judiciales de los ediles socialistas, la Asamblea Moronera Alternativa (AMA) «se personase en el asunto y solicitase copia de todas las actuaciones».

«No es la primera vez que tenemos que ir a aclarar cuestiones de nuestra gestión al juzgado », ha dicho respecto a la estrategia de judicialización de la que según expone está siendo víctima el Gobierno local socialista.