El Supremo archiva la causa contra el alcalde José Luis Sanz

Fuentes de la defensa del alcalde aseguran que «el auto es muy claro porque manifiesta de manera contundente que en cuanto al primer contrato no existen indicios de que sea contrario a Derecho y que tiene el informe favorable del interventor». Esta circunstancia demuestra que «al firmar ha sido informado por los órganos técnicos que le han asesorado sobre su acomodación a la legalidad».

Respecto al segundo contrato, « no existen indicios de que fuera contrario a Derecho , ni se ve injusticia o arbitrariedad en la resolución o arbitrariedad al sujetarse proceso debido y contar con todos los controles normativos que marca la ley». Respecto al tercer contrato, « tampoco presenta una resolución arbitraria en la que haya infringido la ley o se haya omitido el procedimiento legal establecido». El Tribunal Supremo tampoco ve indicios de que el aforado sustrajera o consintiera que lo hiciera un tercero.

El autor resulta aclaratorio porque es el Ministerio Fiscal el que pide al Supremo que asuma la competencia y eleve suplicatorio al Senado. El Alto Tribunal explica en la exposición de los fundamentos de Derecho, que el Juzgado de Sevilla no menciona los concretos indicios de criminalidad que se atribuyen a José Luis Sanz y no valora tampoco la declaración voluntaria prestada el 19 de marzo, y sólo remite la grabación.

El Tribunal Supremo, por el contrario, valora positivamente la declaración voluntaria del alcalde de Tomares, en el que pone de manifiesto que «toda contratación que se ha estudiado ha tenido el visto bueno de los técnicos municipales y de los habilitados nacionales, y no ha tenido nunca por tanto que dudar del criterio de ellos». El alcalde destacó que «todos los contratos se han publicado siempre en el perfil del contratante y se han comunicado a la Cámara de Cuentas y se publicitaban las licitaciones y contratos menores, existiendo publicidad general» y que «ningún habilitado nacional ha manifestado en estos años nunca nada en contra. Ni un solo reparo en once años. en el que ha habido tres interventores, cuatro secretarios y dos tesoreros».

La resolución del Supremo, según destacan fuentes de la defensa de José Luis Sanz «es contundente, pues no ve ni un solo indicio de prevaricación o malversación en las actuaciones del alcalde a lo largo de estos once años y deja completamente claro que «todas las actuaciones se han realizado adecuándose al ordenamiento jurídico y que no se ha producido ninguna resolución arbitraria».