La Fiscalía pide doce años de inhabilitación para el alcalde socialista de Bormujos por prevaricación

El escrito provisional de acusación de la Fiscalía tiene fecha de 7 de febrero de 2019, dando respuesta así a un auto anterior del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla , en el que se ha investigado la causa, y por el que se acordaba continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado contra Molina, su concejal de Educación y Obras Públicas, María del Carmen Garfia, el encargado general de obras del Ayuntamiento y un constructor. Sirva como comparativa que este auto, en un procedimiento del sumario, supone que los acusados pasan a estar procesados.

La Fiscalía en su escrito de acusación solicita al Juzgado de Instrucción que acuerde la apertura de juicio oral contra los cuatros procesados, decisión que el juez Álvaro Martín adoptó en un auto de 20 de marzo de 2019 .

Estos escritos judiciales (auto de procesamiento, calificación provisional de la Fiscalía y auto de apertura de juicio oral un juzgado de lo Penal de la capital) son de fechas anteriores a la celebración de las elecciones municipal de mayo de 2019 , por lo que el alcalde de Bormujos y el PSOE ya conocían su situación procesal y lo que el Ministerio Público reclamaba para Molina y Garfia.

Aún así, el código ético de los socialistas , donde se señala que los cargos del PSOE deberán dimitir en caso de estar implicados en un procedimiento penal en el momento de la apertura del juicio oral, quedó en papel mojado para el alcalde de Bormujos, que recientemente se ha visto envuelto en otra polémica por su gestión y que ya está en manos de la Fiscalía: la contratación de la empresa de eventos «Evartisto» para el asesoramiento al Ayuntamiento del seguimiento del protocolo Covid-19 en los colegios del municipio.

Volviendo a la causa penal abierta por las obras en la nave municipal, tras la denuncia del PP local, la Fiscalía expone en su calificación, a la que ha tenido acceso este periódico, que el Ayuntamiento presupuestó en 2016 una actuación en el patio de una de sus naves , situada en la calle Francisco Tomás y Valiente, en una zona industrial del pueblo.

El proyecto consistía en el acondicionamiento del terreno y el cerramiento con un vallado . Contaba con una partida de 153.632 euros , lo que impedía por su cuantía efectuar su tramitación por la «agilizada e informal» prevista para los contratos menores , que no pueden meter obras de cuantía superior a 40.000 euros según la Ley de Contratos del Sector Público. Si bien en el momento de los hechos esa cuantía era de 50.000 euros.

Pero, y aquí viene la primera actuación de dudosa legalidad, «a fin de evitar el obstáculo legal, la concejal de Obras Públicas, María del Carmen Garfia, con conocimiento del alcalde, Francisco Molina, y la intervención técnica de Manuel F.V., encargado general de obras del Ayuntamiento, se optó por el fraccionamiento del contrato en cinco fases », de la que tres se llevaron por contratos menores y dos por los servicios de Administración, procedimiento al que se puede acudir en unos supuestos tasados en la Ley, pero la «mera celeridad» no basta para justificarlo.

Pero la Ley también fija los casos en los que un contrato se puede fraccionar, precisamente para evitar que queden sin control alguno al no ir por la vía de contratación pública ordinaria.

A estos cinco contratos se sumó otra oferta, también por el trámite de contrato menor, para «la redacción del proyecto básico y ejecución del acondicionamiento del patio , asunción de la dirección técnica de las obras, de la seguridad y salud de las obras mediante la redacción del estudio correspondiente en esta materia del proyecto».

Sobre esta última actuación, la fiscal explica en su escrito que se llevó a cabo una primera tanda de invitaciones a tres empresas , siendo ganadora del cuarto acusado en esta causa, el empresario Carlos S.G., que presentó la oferta más baja.

Este empresario y Manuel F.V., encargado general de obras en el Ayuntamiento, eran socios en una firma de servicios de arquitectura . Así se recogía en la web de esta empresa hasta enero 2018. «Les unía una relación personal y profesional», según la Fiscalía. Esto supuso que el interventor municipal informara negativamente la adjudicación y se anulara la misma el 2 de diciembre de 2016.

El Ayuntamiento, en lugar de adjudicarla a la segunda oferta más económica, optó por realizar una nueva tanda de invitaciones el mismo día 2 de diciembre, resultando ganadora Línea QR, empresa que había participado en la primera tanda y quedó en tercer lugar. Curiosamente en lugar de presentar la misma oferta remitió una nueva «con una rebaja de dos mil euros». El precio final era muy similar al presentado originalmente por el acusado Carlos S.G.

La obra se adjudicó a Línea QR por ser la más económica, lo que fue comunicado por un correo electrónico el 7 de diciembre a las 14,56 horas. La comunicación tuvo lugar horas después de que el propio empresario ganador hubiera presentado en el Ayuntamiento de Bormujos su proyecto básico y ejecución. « Es decir, presentó el proyecto horas antes de la comunicación de su condición de adjudicatario ».

La prontitud en la redacción del proyecto, según la Fiscalía, se explica porque fue el empresario acusado Carlos S.G., quien le entregó su proyecto -el de la adjudicación anulada por el interventor- para que lo presentará bajo la firma Línea QR, cuyo dueño se limitó a firmar como propio el proyecto técnico del acusado Carlos S.G.

Línea QR bajó su oferta inicial dos meses a propuesta de Carlos S.G. Todo estos pasos, para la Fiscalía, supone que finalmente el proyecto adjudicado fue el de Carlos S.G., « cotitular con el encargado de obras del Ayuntamiento de una firma de servicios de arquitectura ».

Pero aún hay más. La Fiscalía señala que la adjudicación y ejecución de la obra se efectuó sin que hubiera informe previo del secretario del Ayuntamiento ni del arquitecto municipal , lo que fue advertido por el interventor en enero de 2017, quien dos meses después emitió un informe negativo por no estar justificados los procedimientos de adjudicación por los que se habían optado.

El arquitecto municipal , en febrero, emitió su propio informe, también negativo, por no cumplirse la normativa urbanística en este proyecto, haciendo referencia a aspectos técnicos, tales como las características del vallado.

También existe un informe del secretario municipal , de abril del mismo año, porque el procedimiento seguido no se ajustado a lo establecido por la normativa. Igualmente, hay un informe de la Diputación de Sevilla que pone de relieve que la obra ejecutada va en contra del Plan Parcial de Los Candeleros y ofrece como alternativa demoler el exceso construido o modificar dicho plan parcial.

La Fiscalía precisa que el exceso de lo construido, como apunta la Diputación, y lo recogido por informe del arquitecto técnico, «tiene relevancia exclusivamente administrativa» . Pero aclara que lo anteriormente dicho es « sin perjuicio de la naturaleza presuntamente penal del procedimiento de adjudicación expuesto », que es por lo que se acusa de prevaricación al alcalde, a la concejal, al encargado de obras del Ayuntamiento y al empresario.

Esto choca con lo que alega Francisco Molina para no dimitir de su cargo como alcalde, pues éste defiende que la «parte penal» del asunto «fue desestimada» y esta vista oral gira en torno a una posible «irregularidad administrativa» . «Decir que tengo un juicio penal es mentir», según el primer edil de Bormujos, que el próximo 14 de junio tendrá que sentarse junto a los tres acusados en el banquillo de un juzgado de lo Penal de Sevilla .

El pasado jueves el alcalde socialista pudo salvar su primera bola de partido, después de que Ciudadanos, grupo político que apoya al gobierno local, se abstuviera en el pleno municipal que debatió el cese de Molina , quien tiene sobre su cabeza una petición de doce años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación, lo mismo que Garfia y Manuel F.V. Éstos como autores del delito, mientras el empresario como «extraneus». por su parte, el encargado de obras del Ayuntamiento también está acusado como autor de un delito de tráfico de influencias, por el que la Fiscalía le pide un año y nueve meses de cárcel y multa de nueve mil euros.