TOMARES
El Gobierno de Tomares defiende la «legalidad» del contrato de Campos
Denuncian que todo se engloba en «una campaña de desprestigio» contra el PP, que anuncia acciones judiciales
ALI TRUJILLO
El Gobierno del Ayuntamiento de Tomares, dirigido por el popular José Luis Sanz, ha defendido este martes la «legalidad» del contrato a través del cual el actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, elaboró durante el pasado mandato diversos informes para el Consistorio, con la ... correspondiente contraprestación económica. El Gobierno municipal del PP, además, anuncia «las acciones judiciales oportunas» contra los protagonistas de las acusaciones relativas a la anterior relación de Campos con la Administración local.
El concejal andalucista Alberto Mercado reclamó este pasado lunes una investigación sobre una serie de informes «absolutamente inútiles» , según el PA, pagados en el pasado mandato al actual concejal del PP Juan Campos. Según el Partido Andalucista, el Ayuntamiento abonó a Juan Campos, actual concejal de Medio Ambiente, las remuneraciones correspondientes a «supuestos informes de especial complejidad que apenas tenían dos líneas de texto y que para colmo, estaban repetidos». Todo ello, según Mercado, a través de un contrato que «vulneraba la contratación del sector público».
El Gobierno municipal ha manifestado que en este asunto no media «ninguna irregularidad» y que «todo es legal». Campos, según el Gobierno municipal, fue contratado para labores de «supervisión o asesoramiento» en materia de zonas verdes, tráfico, recogida de basura y limpieza viaria y, como tal, habría elaborado informes «acompañados en muchas ocasiones con hasta 200 fotografías» para su estudio de cara a las actuaciones municipales.
El Equipo de Gobierno encuadra esta denuncia pública en «una campaña de desprestigio» contra el PP, porque las fuerzas de oposición «conocían desde hace 20 días» toda la documentación relativa a estos informes tras «haberla facilitado» y anuncia «las acciones judiciales oportunas» contra los protagonistas de estas acusaciones.
El Gobierno de Tomares defiende la «legalidad» del contrato de Campos
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