El Supremo obliga a la Junta de Andalucía a rebaremar el concurso que adjudicó Susana Díaz a Matsa

El proceso de adjudicación se llevó a cabo en el año 2014, siendo ya presdidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz.

Esta sentencia confirma el fallo emitido en septiembre de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que se estimó parcialmente el recurso de una de las compañías perdedoras del concurso, Emerita Resources, contra la adjudicación a Matsa de los derechos de explotación minera en Huelva y anuló el concurso por «valoración arbitraria».

En esa sentencia, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA decretó «la nulidad de la adjudicación a Matsa», empresa en la que trabaja Paula Chaves, hija del expresidente andaluz Manuel Chaves, «al vulnerar los principios de igualdad, objetividad y transparencia».

Tras el nuevo fallo del Supremo, la Consejería de Hacienda, Industria, Energía Y Minas, en cumplimiento de la misma, va a reevaluar las ofertas que se presentaron en su día expluyendo para esta nueva baremación los requisitos que se añadieron posteriormente y que beneficiaron a Matsa , según fuentes concultadas.

Este caso no afecta a los otros proyectos que tiene Matsa -compañía participada por Mubadala y Trafigura- en diferentes yacimientos de la Faja Pirítica onubense: Aguas Teñidas y Magdalena , en el término municipal de Almonaster la Real, y Sotiel en Calañas.

Tras conocerse la sentencia del tribunal Supremo, el consejero de Hacienda, Industria y Minas, Juan Bravo, ha lamentado este lunes que la inseguridad jurídica creada, en su opinión, por las adjudicaciones mineras de anteriores gobiernos autonómicos del PSOE anuladas por la Justicia amenace el «enorme potencial» de la minería andaluza.

Bravo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el reciente fallo del Tribunal Supremo que ha anulado la concesión por el anterior gobierno andaluz de Susana Díaz de derechos mineros en Huelva a Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), empresa de la que es directiva la hija del expresidente andaluz, Manuel Chaves.

Ha recordado que este fallo se une a numerosas anulaciones judiciales de decisiones mineras de anteriores gobiernos andaluces del PSOE y ha deplorado la inseguridad jurídica que ello crea para el sector minero y para los propios funcionarios de la Junta de Andalucía.

El consejero ha explicado que aún no ha recibido este fallo judicial, por lo que desconoce si impondrá indemnizaciones a la Junta de Andalucía, pero, «con la máxima prudencia», ha abogado por que el «enorme potencial» del sector minero andaluz no se vea perjudicado por estos reveses judiciales de anteriores gobiernos socialistas.

«Estos procesos judiciales de manera reiterada no se pueden volver a producir; nuestro gran objetivo es transparencia y seguridad jurídica, y no podemos, bajo ningún pretexto, poner en riesgo ese entorno empresarial y sus cuarenta y tres mil empleos», ha apostillado.

Bravo ha deplorado que en estos procesos se haya involucrado a funcionarios de la Junta , «por participar en una mesa de contratación» cuando, ha remarcado, deben de ser «los responsables políticos» los que «tengan que responder ante un juzgado» en casos de irregularidades.

Ha recordado que su departamento trabaja en una nueva normativa para la simplificación de estos procesos y para la tramitación de los expedientes mineros «con la máxima transparencia y visibilidad», y con total objetividad.