González de Lara, presidente de la CEA: «Andalucía no puede permitirse otro confinamiento»

¿Cómo cree que el Gobierno central ha gestionado la crisis sanitaria y económica del Covid-19?

El Covid apareció sin que tuviéramos un libro de instrucciones y nadie podía saber cómo afrontarlo desde el ámbito público y privado, aunque a la vista de la primera oleada y de las víctimas que ha habido podemos decir que la gestión era mejorable. Los acontecimientos han desbordado la propia capacidad de gestión del Gobierno central. Esto es un problema sanitario que está teniendo efectos en la economía y la sociedad pero el Gobierno tiene la obligación de coordinarse mejor con las autonomías y dejar la política de lado.

¿Es mejor un mando único central de la pandemia o que las autonomías decidan los confinamientos y otras medidas?

Es difícil saber cuál es la mejor solución. El mando único presentó algunas cuestiones positivas pero la verdad es que el Ministerio de Sanidad no tiene competencias en la Atención Primaria y hospitalaria. Está bien que las comunidades autónomas sigan haciendo la labor que hacen, que es muy compleja con tan pocos recursos, pero debe haber una buena coordinación con el Gobierno. Como en el corazón de Europa hay preocupación por los rebrotes, la UE ya está adoptando criterios comunes pero llega tarde, igual que la OMS. Todo eso se podía haber hecho antes para salvar, por ejemplo, la temporada turística porque recordemos que Reino Unido decidió que quienes vinieran a España tenían que pasar una cuarentena en su país. También se podía haber hecho con la homologación de los test en origen. Europa tiene que asumir el liderazgo en la gestión de la pandemia. No basta con que cada gobierno decida.

¿Se ha gestionado esta crisis con criterios ideológicos por parte del Gobierno del PSOE y Podemos, sobre todo a la hora de los confinamientos?

Hay demasiado ruido político y no deberíamos estar hablando de cuestiones que deberían ser secundarias. Ahora lo que preocupa a las familias y a las empresas es la salud y el empleo. Y sin embargo, te empiezan a hablar de la ley de eutanasia, de los ataques a la Corona, de si las menores de edad pueden abortar sin permiso parental, de la Ley de Memoria Democrática... cuando no es el momento porque estamos viviendo una crisis gravísima. Estamos viendo una agenda política en paralelo a la gestión sanitaria que, aunque es legítima, invita a la reflexión para que el Gobierno central se centre en la pandemia.

Estamos viviendo rebrotes y confinamientos parciales. Hay temor a un nuevo confinamiento nacional o regional. ¿Puede soportar la economía andaluza otro confinamiento?

Hablar de otro confinamiento sería un auténtico drama y corremos el riesgo de paralizar el motor de la economía. No podemos volver a sufrir el estrés de un confinamiento porque habría miles de pymes, micropymes y autónomos que no podrán resistir una situación parecida. Tenemos que tener todos la inteligencia y generosidad para gestionar bien la situación que estamos viviendo. Esto no sólo es responsabilidad de los gobiernos, sino también de los ciudadanos, los empresarios... todos tenemos que colaborar para que el índice de contagios baje. Andalucía no está preparada ni puede permitirse otro confinamiento pero es que España tampoco. Hay que recordar que fueron 99 días durísimos, desde el 14 de marzo hasta el 22 de junio, en los que muchos sectores empresariales no esenciales paralizaron su actividad. Hasta un principio constitucional de libertad de empresa se vio vulnerado.

Hay gobiernos europeos, como los de Francia o Alemania, que han salido al rescate de sectores económicos, inyectando miles de millones de euros a la aeronáutica, la automoción... En Andalucía, las empresas piden para el sector aeronáutico un plan de rescate.

Estoy absolutamente de acuerdo con un plan de rescate para la aeronáutica andaluza porque es un sector estratégico a proteger. Son empresas con un ecosistema de alta tecnología e innovación. Pero lo mismo podríamos decir de la industria turística. España es la segunda potencia turística a nivel mundial y, sin embargo, no hay una estrategia global de recuperación de esa industria y sus subsectores. Los empresarios necesitamos apoyo porque somos los «sanitarios» de la economía. Si no recuperamos esos sectores, habrá muchos problemas de viabilidad de esas empresas.

¿Cuántas empresas andaluzas han desaparecido desde el inicio del Covid?

En los meses más difíciles de la primavera las empresas andaluzas llegaron a reducir su actividad en más de un 50, según un barómetro de la CEA. Una de cada tres empresas andaluzas tuvo que paralizar por completo su actividad, y eso tuvo una incidencia enorme en el empleo. Luego nos hemos encontrado que hay miles de empresas que han desaparecido por esa falta de actividad, Más de 20.000 negocios en nuestra comunidad autónoma han cerrado. Casi un 5% de nuestro tejido empresarial ha desaparecido como consecuencia de la pandemia. Se trata de pymes y autónomos, pero es que es la epidermis de nuestro tejido productivo. Eso ha tenido un reflejo en el mercado laboral, ya que se han perdido casi 70.000 empleos en Andalucía y aún hay más de 80.000 trabajadores en ERTE.

Andalucía tiene ahora un 25% más de parados que hace un año y Sevilla un 20% más. ¿Qué políticas cree necesarias para no llegar al 30% de tasa de paro y superar de nuevo el millón de parados en Andalucía?

Seguir garantizando la liquidez de las empresas. Esta es una crisis que no es sistémica, es una crisis coyuntural que se puede convertir en estructural. No estamos ante una crisis del modelo productivo, lo que hay que hacer es hacer más productivo el modelo. ¡Ya quisieran muchos países ser la segunda potencia mundial en turismo! ¿Podemos mejorar? Pues claro, pero para eso hace falta poner a la empresa en el centro de las decisiones, facilitando su financiación, ayudando en los procesos de internacionalización, generando estabilidad institucional, dando seguridad jurídica, facilitando una simplificación de trámites administrativos y la agilización de trámites... al final lo que la empresa quiere es que le dejen trabajar y con una fiscalidad que sea beneficiosa, cuando ahora se planea lo contrario. Además, hace falta que no haya incertidumbre política porque la desconfianza social ahoga la recuperación. La economía se mueve por la confianza. Apelamos a la conjunción de la templanza para mantener el sentido común.

Pues el Gobierno central no alcanza consensos con la oposición, sino que dentro del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez hay diferencias de criterio económico entre PSOE y Podemos.

En el Gobierno central hay una línea más moderada y otra casi transformista de cuestiones básicas. Nos preocupa que dentro del Gobierno haya opiniones contradictorias bastante frecuentes porque genera desconfianza.

La crisis sanitaria se prolonga y se va agotando la carencia que tienen las empresas tienen que pagar los créditos solicitados con aval del ICO. ¿Es partidario de prorrogar esa carencia de esos créditos?

Es interesante explorar esa vía porque habrá muchas empresas que hicieron las operaciones ICO o con la sociedad de garantía recíproca Garántia, del que soy presidente, con la idea de que esta crisis iba a durar poco pero no será así. El problema es que prolongar los plazos de carencia es complejo porque el Banco de España tendría que autorizarlo, habría que hacer una novación de los contratos... pero todo se puede resolver.

Finalmente el Gobierno central ha prorrogado los ERTE hasta el 31 de enero. ¿Es suficiente?

No. Tendremos que volver a renovar ese acuerdo porque genera paz social y tranquilidad en las empresas. En Alemania, Angela Merkel ha dejado resuelto el debate al ampliar los ERTE hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo que no podemos hacer es cada tres meses debatir algo que ya has discutido.

Es un camino equivocado. En esta coyuntura, subir impuestos no es la solución para esta crisis. Olvidamos que España ya soporta la mayor presión fiscal de Europa, un 8% superior a la media de la UE, no sólo en el Impuesto de Sociedades, sino en el IRPF, en el IVA... Subir la presión fiscal debilitará la competitividad de las empresas. En Alemania se han incrementado los incentivos fiscales ligados a la investigación y los criterios de amortización en próximos ejercicios; en el Reino Unido ha habido una reducción del IVA en la hostelería; en Italia iban a subir el IVA al 25% y han abandonado la idea... El debate ahora en Europa no es subir impuestos, sino todo lo contrario. Se habla de subir el Impuesto de Sociedades. ¿Pero qué van a recaudar si las empresas no están teniendo beneficios?

Se plantean supresiones de bonificaciones en el IRPF de los planes de pensiones y la subida del IVA en la sanidad. ¿Qué mensaje están trasladando al mercado PSOE y Podemos con estas políticas fiscales?

Cada día cambian de criterio. Gracias a la presión de la CEOE se ha logrado que no se incremente el IVA en la educación porque sería discriminatorio y afectaría a preceptos constitucionales. Además, si suben los impuestos no sólo se incrementará la economía sumergida, sino que provocará el cierre de muchas empresas pequeñas y otras se van a querer marchar de España. La subida de impuestos también ahuyentará al inversor internacional. Más importante es reducir la economía sumergida porque es la manera de incrementar los ingresos del Estado en más de 8.000 millones anuales.

España podría recibir 140.000 euros de fondos europeos para su recuperación. ¿Cuánto debería recibir Andalucía de ese dinero?

Un criterio relevante sería el de la población, como ha solicitado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En base a ello, Andalucía recibiría al menos un 18% de esos 140.000 millones, es decir, más de 20.000 millones de euros. Para ese reparto, la Administración debe contar con las empresas porque tienen que haber una colaboración público-privado en el gasto de ese dinero. Deberíamos hacer como Grecia, que ha creado un consejo de sabios para ese reparto del dinero y ha puesto al frente a un premio Nobel de Economía.

El Gobierno central plantea una subida de sueldos a los funcionarios e incluso blindar su jubilación en los 60 para algunos colectivos. Puede no parecer justo teniendo en cuenta que el resto de la población está sufriendo recortes importantes de sueldo y se les obliga a cotizar hasta los 67 años.

En muchas capas de la sociedad cuesta entender eso, sobre todo cuando los trabajadores y las empresas están haciendo un gran sacrificio. No puedes dilatar cada vez más la jubilación en la empresa privada y que, sin embargo, en el sector público haya determinados beneficios que pueden obedecer a criterios políticos o electoralistas.