Abengoa se encamina a un concurso que podría alcanzar los 9.000 millones de euros de deuda

La empresa, como señala SEPI, arrastra una profunda crisis desde 2015, lo que le llevó en 2017 a cerrar su primer rescate financiero, con más de 8.000 millones de euros en quitas y capitalizaciones. En 2019, el que fuera presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, cerró el segundo rescate, que supuso la conversión de 3.000 millones de euros de deuda en bonos. De producirse una nueva quiebra, el grupo habría engullido casi 20.000 millones de euros de acreedores, entre los que está Hacienda, la Seguridad Social, empresas, bancos y fondos.

El grupo canceló ayer la operación de reestructuración, que incluía al fondo TerraMar, y el proceso de consentimiento lanzado a sus acreedores por su filial operativa, Abenewco 1. El que iba a ser el tercer rescate del grupo Abengoa, con 293 empresas en todo el mundo, se sustentaba en cuatro pilares: el primero, la recepción por parte de la SEPI de 249 millones; el segundo, e l fondo estadounidense TerraMar Capital prestaría 140 millones para pagar a los acreedores deuda vencida e inyectaría otros 60 millones en forma de capital para hacerse con el 70% de Abenewco1; en tercer lugar, bancos y el Cesce otorgarían 300 millones en avales; y por último, los acreedores y proveedores aceptarían la condonación o conversión en capital de casi 3.000 millones. Todo ha caído como un castillo de naipes.

Por otra parte, l a SEPI ha desvelado que existía una cláusula en el contrato entre Abengoa y TerraMar que estipulaba que en caso de concurso de acreedores de la compañía, el fondo multiplicaba por 2,5 veces el valor de su inversión. Por tanto, según la SEPI, si su inversión era exitosa obtendría cuantiosas plusvalías, y si resultaba fallida se habría hecho con la práctica totalidad de los activos en fase de ejecución. C lemente Fernández, presidente de la matriz, ya denunció que TerraMar llegó a cobrar 400.000 euros por mantener la oferta de compra.

A partir de este viernes, 1 de julio, las empresas en situación de insolvencia estarán obligadas a solicitar el concurso de acreedores, ya que de no hacerlo iría a liquidación y sus administradores incurrirán en responsabilidad. La solicitud del concurso evitará también que los acreedores pidan el concurso necesario, que una vez declarado dejaría la gestión de la compañía en manos de la administración concursal.

Por esa razón, pocas horas antes de que a medianoche de mañana acabe la moratoria concursal se reunirán los consejos de administración de Abengoa y Abenewco1 «con el objetivo de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés confluyentes en el grupo», lo que se traduce en pedir el concurso de acreedores para las empresas en situación de insolvencia inminente y el preconcurso para aquellas filiales en las que haya posibilidad de negociar alternativas, entre ellas la venta de unidades productivas, tales como agua, energía, ferrocarriles y mantenimiento.

Para el preconcurso, la empresa tiene cuatro meses para negociar, aunque Abengoa está, en palabras de Juan Pablo López-Bravo, «en los huesos», y podría tener dificultades para pagar las nóminas más allá de julio a sus 11.000 empleados en todo el mundo, 2.500 de ellos en Andalucía.

Por lo pronto, la matriz de Abengoa (dueña de forma indirecta de Abenewco1) ha pedido en el Juzgado Mercantil una ampliación del período para aprobar el concurso de esa compañía, fijado para el 1 de julio. Si no se logra aprobar el convenio, el juez podría decidir la venta de las unidades productivas, tales como agua, energía, ferrocarriles y mantenimiento. Jesús Gabaldón será el juez que previsiblemente se ocupará del concurso de acreedores de todo el grupo y el despacho EY Abogados será el administrador concursal, aunque al tratarse de un concurso de especial relevancia podría nombrarse a otro administrador concursal.