El caso Aznalcóllar paraliza las decisiones de la Junta en minería

Hay que recordar que tras la denuncia de la microempresa Emerita (una firma con menos de diez trabajadores que fichó al exsecretario general de Industria, Juan Manuel González, para estrechar relaciones con el Gobierno andaluz), los ocho principales funcionarios del área de minas pueden ser imputados por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Sevilla. Entre ellos están el jefe de servicio de minería, así como jefes de área y de departamento. «Ante el éxito que está teniendo la demanda de Emerita, hay asociaciones como Ecologistas en Acción que ya están amenazando con denunciar directamente a los funcionarios», indican estas fuentes, que remarcan que el proceso penal abierto por Emerita también se ha convertido en un arma de presión de algunos empresarios, que amenazan con ir al juzgado cuando los trámites no se ajustan a sus expectativas. Esto ocurre en un sector en el que cada proyecto está sometido a trámites administrativos exigentes y, en algunos casos, complejos.

En este contexto de grave parálisis administrativa , el manifiesto firmado por la Confederación de Empresarios de Andalucía, las Cámaras de Comercio o las patronales de Huelva y Sevilla (CES y FOE) muestran su « apoyo a las administraciones para que no cejen en su empeño de impulso a la minería». Y en medio de la delicada situación judicial de estos funcionarios, extiende este respaldo «a los trabajadores del sector público, para que continúen haciendo su encomiable e imprescindible labor». Estas palabras también están suscritas por la patronal del metal Fedeme y el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur.

Hay que recordar que en la etapa en la que Francisco Vallejo era consejero de Innovación (entre 2004 y 2009), la minería no fue considerada como una actividad estratégica (era la época del boom de las renovables). El éxito de Cobre Las Cruces y Minas de Aguas Teñidas (Matsa), que en la parte más cruda de la crisis han materializado inversiones que superan los 1.500 millones de euros, cambiaron radicalmente la percepción del sector. «El establecimiento de relaciones cordiales entre las compañías mineras y las distintas administraciones está favoreciendo la consolidación de este negocio en la región y hacen que Andalucía se reconcilie con una actividad de larga tradición e historia en la comunidad», apunta el manifiesto. Y en esta misma línea añade que «los últimos años han estado marcados por una buena sintonía entre las distintas administraciones y las empresas que están operando en el territorio o que han mostrado su interés en hacerlo».

Para ello, «el papel de la administración autonómica ha sido imprescindible, por ejemplo, a la hora de caducar los permisos que llevaban tiempo estancados y sacarlos de nuevo a concurso, lo que significa poner en actividad muchos proyectos y aumentar las posibilidades de que algún día puedan ser explotables, dando además cabida a más compañías investigadoras ».

Aunque no cita expresamente a Aznalcóllar, los empresarios advierten de que «la fiabilidad y seguridad de las inversiones en minería, así como la credibilidad de los yacimientos en operación, pueden verse afectados por un excesivo recurso a soluciones contenciosas, por lo que demandamos una mayor responsabilidad por parte de todas las instituciones , empresas y organismos y otros colectivos ligados a la minería».

Andalucía puede recibir en los próximos años otros 1.500 millones de inversión industrial en proyectos mineros (la mayoría de grupos extranjeros). Las empresas consideran que la parálisis de la administración es un grave riesgo para estas iniciativas.