El «supuesto» concurso de la mina de Aznalcóllar fue «una libre designación», según la UDEF

En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la UDEF dan cuenta asimismo de la detención entre el 12 de mayo y el 29 de junio de hasta 15 personas en relación a estos hechos, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto , y otros 12 cargos y funcionarios que formaron parte o de la comisión técnica que valoró las ofertas o de la mesa de contratación que adjudicó los derechos mineros, así como los responsables de Magtel , que es miembro de la agrupación México-Minorbis.

Los agentes señalan, en primer lugar, que «cualquier procedimiento de contratación administrativa requiere la tramitación de un expediente que se inicia por el órgano de administración, siendo la elaboración de las bases, pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas actuaciones previas o preparatorias de cualquier contratación».

En este punto, recuerdan que la resolución de 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas señalaba que «la primera medida preventiva es velar porque sea una empresa minera con la solvencia suficiente para poder cumplir con las más altas exigencias medioambientales la que explote la mina», para lo que «es necesario establecer un procedimiento de concurrencia competitiva en el que, con respeto de los principios de igualdad, transparencia y no discriminación entre las empresas interesadas, sea posible seleccionar a la que mejor garantice una actividad extractiva segura».

«Aún siendo cierto que no está contemplada en ninguna norma la intervención del Consejo Consultivo en el proceso de la concesión, no es menos cierto que a la vista de las 'excepcionales circunstancias concurrentes en Aznalcóllar', quizás hubiese sido recomendable la asistencia del Consejo Consultivo», señalan los agentes en este atestado, consultado por Europa Press y que ha sido entregado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla.

Al hilo, dicen que, «aún no denominándolos como pliegos de cláusulas administrativas particulares, lo cierto es que las bases que como anexo I se acompañan a la convocatoria cumplen la función de aquellos, definiendo las dos fases del concurso: la primera referida a la solvencia y capacidad de las empresas y el contenido de los anteproyectos y la segunda dedicada a la valoración de los proyectos ».

Pues bien, dada la redacción de la base 1.1 de la convocatoria, «el supuesto concurso más parece, efectuando un símil con los métodos de designación de funcionarios, una libre designación », todo ello «atendiendo a la vaguedad e indeterminación de uno de los criterios que integran la solvencia, que necesariamente obligaban a una concreción ulterior, pero que dada la incocreción de aquellos son verdaderamente nuevos criterios intangibles y desconocidos para los licitadores».

«Esta posterior determinación, una vez presentadas las ofertas, por la mesa de contratación, supone una vulneración completa del correcto procedimiento de contratación , provocado precisamente por la indeterminación de las bases, pues no pueden ir definiéndose sobre la marcha los criterios de participación y adjudicación, sino que las exigencias de la publicidad y libre concurrencia obligan a que estén diáfanamente establecidos desde el principio», aseveran, agregando que «es un principio básico de la contratación administrativa que los términos de un contrato no pueden quedar a la libre discrecionalidad de una de las partes».

Los agentes consideran, asimismo, que los técnicos nombrados por la mesa de contratación «hacen una valoración totalmente sesgada en detrimento» de Emerita, ya que le fueron «sisando puntos en casi todos los apartados que eran susceptibles de la más mínima interpretación », algo que «es así de obvio en aspectos tales como el económico -el punto de equilibrio- y la toma en consideración del presupuesto de investigación por cuadrícula minera, de tal modo que, rizando lo absurdo , se prima con más puntuación el presupuesto menor, al hacer la división por menos cuadrículas».

En esta línea, alude al caso de María Pilar Orche , asesora técnica de Ordenación Minera en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla y una de las 15 personas detenidas, quien en su informe de valoración afirma que Emerita «se equivoca» cuando calcula las cuadrículas de sector minero que se van a investigar, lo que tiene como resultado que «a Emerita se le sustraen de un modo casi grotesco entre un punto y medio y dos puntos ».

«Sumados a los cinco puntos indebida y descaradamente sisados en el apartado económico -punto de equilibrio-, hubiesen dado el concurso por amplia diferencia a Emerita », sostienen los agentes, que añaden que «casi todos los cálculos» realizados por la anterior detenida «se escoran considerablemente en la misma dirección».

Respecto a la gestión de aguas, la UDEF dice que el proyecto presentado por Minorbis «está estructurado con información descriptiva bastante completa y visual y muy didáctico en su base conceptual pero no tiene en cuenta la realidad minera para la que debería haber sido realizado», ya que « utiliza datos y volúmenes de agua ficticios » y considera «la construcción de balsas de residuos tóxicos--prohibidas en el propio pliego-, entre ellas la balsa de alineación».

Además, «considera suficiente una depuradora físico-química, aunque mejorada, para el tratamiento de aguas altamente contaminadas y con metales pesados en suspensión con la que no se consigue la calidad necesaria para el proceso minero», ya que «para ello sería preciso la utilización de una depuradora de osmosis inversa, como la propuesta por Emerita», que fue la que denunció el caso.