Así oculta la Junta las virtudes de una PAC de éxito para Andalucía

En el caso concreto de la nueva PAC, en el que los agricultores andaluces han logrado (contra todo pronóstico) mantener la misma intensidad de ayudas que en el anterior marco, las tergiversaciones que está haciendo Susana Díaz y la consejera Elena Víboras son tan forzadas que un mínimo análisis de la reforma permite desmontarlas una a una.

La primera manipulación es la fingida discrepancia que ha mostrado a última hora la Junta de Andalucía con la PAC. Hay que recordar que el acuerdo que se firmó el pasado martes solo cerró los últimos flecos de un documento que ya se suscribió el pasado mes de julio y que se dividía en 22 puntos (que abarcaban desde el modelo de comarcas agrarias que debía establecerse para distribuir las ayudas hasta los sectores prioritarios recibirían más pagos (como es el caso de la ganadería). A diferencia de otras comunidades, que mostraron sus discrepancias con algunos de estos apartados, Andalucía apoyó todos estos puntos ya que, en definitiva, respondían plenamente a sus reivindicaciones.

Simplificando la cuestión, se puede decir que a la hora de diseñar una nueva PAC lo más importante es lo que se denomina primer pilar (el pago directo a las explotaciones, un dinero que repercute directamente en la renta del agricultor). Éste era el aspecto clave de la reforma, ya que los productores andaluces reciben una media de 1.800 millones de euros anuales que son imprescindibles para mantener el tejido económico en el medio rural.

Cuando se comenzó a debatir la PAC, esta partida estaba en peligro, ya que se pretendía imponer la denominada Tasa Plana (una ayuda por hectárea homogénea e independiente del cultivo), un concepto ideado por la exministra socialista Elena Espinosa. Esto habría beneficiado claramente a las regiones del norte de España, pero habría sido un golpe mortal para el agro andaluz. Frente a ello, se han establecido 24 comarcas agrarias con distinta intensidad de ayudas en función de la producción y el tipo de explotación, algo crucial para la supervivencia de sectores como el olivar, el arrocero o el algodón.

El acuerdo alcanzado originalmente entre Luis Planas y Arias Cañete ha evitado así la pérdida de 1.000 millones y (a pesar del alarmismo creado por la Junta de Andalucía), los agricultores andaluces pueden estar tranquilos en cuanto al mantenimiento de su nivel de renta. «Estamos ante una buena noticia para los agricultores andaluces», afirma Antonio Caro, jefe de los servicios técnicos de Asaja-Sevilla.

Como los resultados del pacto para las ayudas directas al agricultor (primer pilar) han sido beneficiosos para Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz ha decidido desplegar la bandera de la discriminación en el denominado segundo pilar: partidas para el desarrollo rural que se destinan a fomentar las vocación entre jóvenes agricultores, modernizar las explotaciones o mejorar el entorno rural. En la práctica, son infinitamente menos importantes para el agricultor, ya que no es un dinero finalista que reciba de forma directa. Dada la complejidad de la PAC (difícil de entender incluso para los profesionales del sector), con un asunto irrelevante la Junta ha logrado generar una gran alarma social por una supuesta discriminación. Lo primero que se debe destacar es que Andalucía será, con mucha diferencia, la principal beneficiaria de estas ayudas (con el 23,7% del total, 1.906 millones).

Es cierto que el porcentaje es inferior al 26,4% que se le reservaba en el anterior periodo presupuestario. Y es aquí donde el Gobierno de Susana Díaz está intentando denunciar que la comunidad autónoma «perdería» más de 200 millones de euros en el periodo 2014-2020 con respecto a la anterior etapa (30 millones por año). Sin embargo, es una afirmación falsa, ya que la Junta ha sido incapaz de invertir todo el dinero del que podía disponer para fomentar el desarrollo rural.

Andalucía tenía a su disposición 2.100 millones en el pacto anterior, pero para hacer uso de estos fondos debía aportar de su propio presupuesto en torno a un 15% en concepto de cofinanciación. Precisamente por ello, el Gobierno andaluz solo ha ejecutado -según las últimas cifras oficiales del 31 de octubre de 2013- el 54,3% del total. Esto implica que quedan 970 millones pendientes de invertir (tiene dos años de gracia para hacer estos desembolsos). Si la Junta no ha sido capaz de utilizar casi 1.000 millones de euros (un importe que quintuplica los 200 millones que se han rebajado en el marco agrícola). ¿Podrá gastar ahora 1.900 millones de euros entre 2007 y 2013? Esa es la auténtica cuestión que debe preocupar a los agricultores, y no el reparto final.

Arias Cañete está recibiendo numerosas críticas de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP por la discriminación de la que han sido objeto en relación con Andalucía. En el marco 2007-2013, José Luis Rodríguez Zapatero hizo la distribución de ayudas rurales más sectaria de la historia. A Andalucía le benefició elevando sus ayudas un 35% (hasta los mencionados 2.100 millones que ni Griñán ni Díaz han sido capaces de invertir posteriormente). Sin embargo, regiones como Castilla y León sufrieron un tijeretazo de casi 661 millones (una caída del 44%). Ahora que ha llegado el momento de repartir de nuevo el presupuesto, a las regiones que habían sido perjudicadas por Zapatero no se le ha restituido su nivel de ayuda anteriores (Castilla y León apenas sube un 12%) mientras que Andalucía apenas baja un 10% (sin que haya certezas de que la región pueda hacer uso de todas estas partidas, si atendemos a los precedentes).

«Lo más llamativo de la actitud de la Junta de Andalucía con respecto a las ayudas al desarrollo rural es, precisamente, que el mayor incumplimiento en este apartado lo ha hecho la propia administración andaluza», apunta Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla. Al margen de los 2.100 millones que recibió la Comunidad Autónoma entre 2007 y 2013, el Gobierno regional se comprometió a engrosar esta partida con una financiación complementaria de 1.127 millones «para ampliar el número de posibles beneficiarios». Dos años después, la Junta rebajó este importe a tan sólo 208 millones. A pesar de ser una cantidad sensiblemente inferior, ni siquiera esta partida ha sido invertida.