¿Por qué Sevilla se queda fuera de las ayudas del Gobierno al transporte público?

El origen del problema está en la estructura del propio sistema. Desde los años noventa, el Estado concede estas ayudas mediante transferencias nominativas, no sujetas a concurrencia ni reparto proporcional. Cada año, el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que destina cerca de 360 millones de euros a las mismas cuatro entidades: el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, la Autoritat de València y la Comunidad Autónoma de Canarias.

En esa lista nunca ha estado Sevilla, ni ninguna otra área metropolitana andaluza, a pesar de que su consorcio agrupa a 45 municipios y más de 1,5 millones de habitantes. Y a que, por otra parte, se ha pedido de forma continuada por parte de la Consejería de Fomento.

El Ministerio justifica esta situación en que «no existen nuevas entidades que reúnan los requisitos de competencia y estructura integradora del transporte urbano y metropolitano». En otras palabras, el Gobierno sólo financia a los organismos que ya estaban reconocidos cuando se aprobó el modelo, sin abrir la puerta a nuevos beneficiarios.

Esa decisión, que en origen se planteó como una fórmula excepcional para las grandes capitales, se ha convertido en un privilegio permanente que deja fuera a territorios con un peso demográfico y una movilidad equiparable, como Sevilla o Málaga. La Junta de Andalucía ha reclamado en varias ocasiones que se revise ese marco y se incorpore a las áreas metropolitanas que hoy cumplen las condiciones técnicas y de población, pero el Ministerio se ha limitado a renovar año tras año la misma lista, sin introducir cambios. La Junta de Andalucía sostiene que la exclusión no responde a un problema de requisitos técnicos, sino a la falta de voluntad política del Gobierno para modificar el decreto que regula estas subvenciones.

En diciembre pasado, la consejera Rocío Díaz envió una carta al ministro Puente recordándole que la capital andaluza debería recibir al menos 30 millones de euros anuales si se aplicaran criterios de reparto equivalentes a los de otras grandes ciudades. La respuesta, de momento, ha sido el silencio administrativo.

Mientras el Ejecutivo mantiene su modelo inmóvil, el Estado ahorra cada año más de 30 millones a costa de Sevilla, una cantidad que la Junta asume con fondos propios para sostener el transporte metropolitano. El Consorcio de Sevilla, creado en 2001, gestiona más de 22 millones de desplazamientos anuales y coordina títulos comunes con Tussam y Metro de Sevilla, pero el Ministerio sigue sin reconocerlo como autoridad única de transporte.

El resultado es una asimetría que se perpetúa: Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias cuentan con un respaldo estatal estable que les permite planificar inversiones y congelar tarifas, mientras que Sevilla debe financiar su red con aportaciones autonómicas y municipales. Y sólo puntualmente, como en el caso de la subvención para permitir el abaratamiento del precio del billete, llegan ayudas del Gobierno.

Por ahora, el Ministerio de Óscar Puente no ha dado señales de querer mover ficha. Y mientras tanto, Sevilla sigue en la misma posición de hace tres décadas: fuera del mapa de la financiación estatal del transporte público, por un modelo que el Gobierno no quiere cambiar.