Mercedes Alaya conmina a Pedro Sánchez a reformar el sistema de elección del Poder Judicial

La juez ha reivindicado al nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánhez que, sin prisas pero sin pausa, aborde la modificación de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no se haya por criterios políticos. Incluso, se ha atrevido a decir que el poder político siempre le va a interesar poner a personajes débiles al frente de altos tribunales como el Supremo, las audiencias o los tribunales superiores de justicia. Entre el público la escuchaba Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y magistrado del Tribunal Supremo.

La que fuera instructora de los casos de corrupción de los ERE o los cursos de formación, propone varias actuaciones para acabar con esa situación de injerencias del poder político en el judicial: que al menos 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento; autonomía presupuestaria del CGPJ para decidir los medios necesarios; un pacto de Estado por la Justicia que impida que los partidos políticos se puedan poner de acuerdo para no imputar a una persona por unos hechos cometidos, y que el Fiscal General del Estado sea elegido por las principales fuerzas políticas en lugar del Gobierno.

Alaya, que ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado el público, asegura haber visto en Andalucía escritos de acusaciones que han sido resultados de intereses políticos. La magistrada ha defendido con ahínco la necesidad de que los vocales del Poder Judicial sean elegidos por otros jueces y no por el Parlamento para evitar lo que ha pasando, «que el CGPJ se ha convertido en un miniparlament», haciendo que «el poder político esté dentro del poder judicial». No obstante, confesó que en su opinión «las condiciones políticas ahora no son las más favorables» para ese cambio.

La magistrada recordó que una de las funciones del Poder Judicial es el control del poder político, «lo que da seguridad a los ciudadanos de que la Administración no se está extralimitando». Se ha referido Alaya al caso de los ERE y de los cursos de formación recordando que en sus resoluciones judiciales ya denunció la presunta existencia de «clientelismo político con independencia de lo que se hayan llevado o no personalmente. Esto es una manera de que en Andalucía no hayamos conocido ningún gobierno diferente del socialista».

De igual forma, ha denunciado el hecho de que por parte del Gobierno andaluz se haya renunciado en el procedimiento penal de los ERE a recuperar los 850 millones de euros de ayudas públicas concedidas a personas y empresas con un presunto presuntamente irregular.