El jefe de la planta de reciclaje de Marchena desviaba fondos para ponerle un sueldo a su mujer

Como desveló ABC, el principal investigado de Marchena, M.B.A., llevaba una doble facturación que le habría permitido ocultar los fondos que destinaba a otros fines distintos a los del objeto social de la empresa. Por un lado, los proveedores le enviaban una factura oficial con los trabajos realizados en la central, pero sólo unos minutos después le remitían otra factura 'real' en la que se incluía el coste de los servicios que no podían justificarse , entre ellos supuestas comisiones a cargos públicos —el denunciante insiste en que entregó un sobre en el centro comercial Nervión Plaza—, compra de jamones y de material informático, traslados gratuitos a la Feria... Pero además de estos desvíos, entre los documentos aportados también se incluye el supuesto pago de un sueldo mensual a la esposa del jefe a través de una factura falsa que oscilaba entre los 1.400 y los 2.600 euros y la contratación de una empleada del hogar interina para llevar a cabo las tareas de limpieza y de cuidado de los niños en su casa.

Este periódico ha tenido acceso a la contabilidad en la que se reflejaban estos sobrecostes y la fórmula para pagarlos con dinero público. Entre estos documentos, que están en poder de la Fiscalía, se aprecia claramente cómo entre los meses de marzo y junio de 2019 se generó un desfase entre la factura presentada oficialmente y el coste real de los servicios 'inconfesables' de 38.841 euros. A partir de ese momento, las siguientes facturas fueron compensando esta cantidad. En julio se abonaron 11.511 euros más de lo que realmente se había hecho en la central. En agosto, otros 11.376 euros. En septiembre, 2.720. Sin embargo, la concesionaria despidió al responsable de la planta de reciclaje tras conocer su imputación por la gestión que esta misma persona había llevado a cabo en la central de Utrera, y quedaron pendientes de pago 13.233 euros con el proveedor que ha decidido ir a los tribunales . Además, en los citados documentos, que se reproducen en esta información, se indican los conceptos por los que se generaban determinados sobrecostes: el teléfono de la mujer del jefe de la planta, un sueldo que se abonaba a través de una factura que ella presentaba todos los meses por un trabajo que el denunciante asegura que era una tapadera y el pago de la asistenta domiciliaria, que era de 1.300 euros mensuales.

En estas facturas, que la esposa del jefe de la planta presentaba regularmente, indicaba simplemente este vago concepto: «Servicios profesionales de gestión comercial» . Casi siempre el pago era de 1.436 euros, pero algunos meses se disparaba hasta los 2.600. El dueño de la empresa Auxservice reitera en su denuncia que «teníamos que pagarle todos los meses porque según él cobraba muy poco y su jefe, en el reparto de todo lo que sacaban, no le daba lo suficiente, cogía mucha parte, según decía él, para pagar a los políticos».

La alcaldesa de Marchena, la socialista María del Mar Romero , y el de la Puebla de Cazalla, el comunista Antonio Martín Melero , han dirigido un escrito a la empresa concesionaria de la planta en el que le piden explicaciones sobre la facturación entre esta y el proveedor denunciante para saber «si la emisión de facturas falsas ha tenido efectos económicos en perjuicio de esta mancomunidad y su cuantificación, por cuanto, en nuestro entendimiento, estos costes no deben formar parte del contrato suscrito por la mancomunidad » con la concesionaria Urbaser. Además, solicita a esta empresa que «manifieste claramente que estos presuntos hechos son ajenos a la mancomunidad Campiña 2000 y a sus miembros y se circunscriben estrictamente al fuero interno de Urbaser como concesionaria y sus relaciones con otras empresas, emitiendo comunicado al medio de prensa ABC». Es decir, los responsables políticos ahora sí aprecian posibles irregularidades, pero se desentienden de ellas y centran toda la responsabilidad en la empresa gestora.