La Guardia Civil desmantela una trama para robar agua del río Guadalquivir

La operación policial, bautizada con el nombre de «Confiar» , ha arrastrado a nueve personas, a los que les imputan delitos societario, cohecho, prevaricación, fraude a la contratación, contra la seguridad colectiva, tráfico de influencias, falsedad documental, amenazas y coacciones. Tres de ellos son funcionarios de la CHG, cuatro son responsables de la comunidad de regantes del Viar (Alcalá del Río) y otros dos son miembros de la cooperativa Productores del Campo, que también tiene su sede social en la localidad alcalareña. Todos los detenidos se encuentran en estos momentos en libertad con cargos mientras avanza la instrucción judicial.

Según detalla la Guardia Civil en un comunicado, el 13 de octubre del año pasado, la Fiscalía de Sevilla abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia interpuesta por Asaja. El escrito de la asociación se nutría de una serie de anónimos recibidos en las dependencias de dicho sindicato. En ellos se hacía referencia a una serie de irregularidades cometidas por los gestores de la comunidad de regantes del Viar y la posible connivencia de algunos funcionarios de la Confederación. En concreto, esos testimonios anónimos apuntaban al consumo irregular de agua en parcelas que no estaban autorizadas y el uso de terrenos públicos cedidos para determinados fines que no se estaban cumpliendo.

Desde Asaja matizaban a las pocas horas de conocerse la noticia de los arrestos la información apuntada por la Benemérita. La asociación niega que hayan presentado una denuncia y señalan que no están personados en el procedimiento ni dirigen acusación alguna. Un portavoz explica que el año pasado les llegó por correo ordinario una serie de grabaciones de conversaciones entre miembros de la comunidad de regantes en donde podría quedar en evidencia la compra de favores. «Consultamos a nuestros abogados y nos informaron que estábamos en la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades y así lo hicimos». Esas grabaciones fueron las que dieron pie a la apertura de la investigación judicial. En ellas también algunos investigados expresan graves amenazas contra algunos agricultores que no participaban en los trapicheos.

El Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de Guardia Civil de Sevilla se hizo cargo de las pesquisas policiales y lo primero que detectaron fue una manipulación de la contabilidad de la comunidad de regantes. «Esta maniobra se ejecutaba con la intención de ocultar el exceso en el consumo de la dotación de agua establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El exceso era consentido y orquestado por los gestores de la comunidad, con la intención generar unos ingresos extras, los cuales provenían de la facturación emitida por los referidos excesos permitidos en el consumo de agua».

Ese exceso de agua se producía porque desde la comunidad se estaba permitiendo el consumo a regantes que no tenían autorizados cupos. Los beneficios obtenidos a través de esta práctica delictiva, que los investigadores cifran en torno a los 200.000 euros, eran ocultados por los detenidos al resto de miembros de la comunidad. Si bien, algunos regantes acabaron enterándose y llegaron a pedirle explicaciones a la directiva.

No fue la única irregularidad con la que se toparon los agentes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le había cedido en arrendamiento unos terrenos a la comunidad de regantes investigada para trabajos experimentales sin que pudieran obtener ningún beneficio económico. «Los requisitos establecidos para la concesión de los terrenos se incumplían de forma taxativa. Las condiciones impuestas por CHG exigían que dichos terrenos no podían ser explotados, no podían tener un fin lucrativo y no se podían ceder a terceros», detalla la Guardia Civil. Sin embargo, la investigación policial detectó que los regantes habían cedido el suelo a la cooperativa para sembrar naranjos de una variedad patentada y sacarle un rédito comercial. Los agentes señalan que los implicados falsearon informes con la intención de simular experiencias de riegos y ocultar la verdadera finalidad.

La tercera irregularidad notable que detectaron los investigadores podría tener hasta consecuencias medioambientales severas. Los agentes observaron que la comunidad de regantes había creado unas grandes bolsas de riego que carecen de plan de emergencias y que además rebasan la cota de capacidad permitida. Unas circunstancias que podrían afectar directamente a la seguridad de esas estructuras, que podrían romperse y acabar poniendo en peligro a alguna población cercana.

«Tal y como ha podido constatar la Guardia Civil, por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se realizaron inspecciones a la referida comunidad de regantes ». En cambio, señala el comunicado oficial, en las correspondientes actas donde se recogían los resultados no se hicieron referencia a las anomalías referenciadas. A juicio de los instructores, de todas estas irregularidades tenían conocimiento algunos dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A pesar de ello, por parte del organismo de cuenca no se llegaron a tomar medidas al respecto, de cara a intentar subsanar esa mala praxis.