El Estado aporta al transporte público de Sevilla la mitad que al de Mallorca

La idea está respaldada por todos los municipios que componen la Red de Ciudades por el Clima , es decir, todas las capitales de provincia españolas. Juan Espadas es actualmente el presidente de esta entidad, por lo que será quien dé la cara ante el gobierno de Rajoy y de las distintas comunidades —incluida la Junta de Andalucía— para promover una nueva ley que elimine los actuales desequilibrios.

Este sector, compuesto actualmente por 233 empresas públicas activas en toda España, factura alrededor de 4.700 millones de euros al año y da 41.600 puestos de trabajo directo. Sin embargo, el reparto no es equitativo. Las tres primeras ciudades del país con mayor apoyo estatal son Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, que reciben 3.400 millones de euros todos los años. De esta cantidad, el 7,4 por ciento lo aporta el Estado, un 33,9 por ciento cada comunidad autónoma y sólo un 10 por ciento los ayuntamientos. El resto de los ingresos es el correspondiente a las tarifas.

Frente a estos datos, el resto de ciudades suman 1.300 millones y el Estado sólo aporta el 3,9 por ciento, mientras que las autonomías dan el 23,9. Esto quiere decir que los ayuntamientos soportan el 35 por ciento del gasto. Además, la ley prohíbe que se inviertan los remanentes de tesorería en la adquisición de flota nueva de autobuses, tranvías o trenes.

Esto quiere decir que entre Madrid, Barcelona y Palma reciben el 70 por ciento de la inversión pública total en transporte público que realizan el Estado y las autonomías, mientras que todas las demás ciudades de España tienen que repartirse el 30 por ciento restante.

El agravio es tan flagrante que los miembros de la Red de Ciudades por el Clima se han puesto de acuerdo para tratar de cambiar la ley. En esta entidad, además, hay gobiernos de todos los colores políticos, lo que supone una alianza histórica a nivel municipal para c onseguir transformar un marco normativo estatal.

Espadas, como presidente de la Red, será quien presente la nueva iniciativa en un foro sobre transporte público que se va a celebrar en Cataluña a lo largo de esta semana. Y lo hará poniendo sobre la mesa un punto de partida acordado por los municipios miembros de este movimiento: que el Estado aporte un diez por ciento del presupuesto de transporte público de cada ciudad , la autonomía un 20 y cada ayuntamiento el resto, incluyendo los ingresos por tarifas.

Esto incluiría un nuevo modelo de fiscalidad ambiental estatal con el objetivo de generar un presupuesto destinado a las inversiones en transporte público, ya que el proyecto defiende la importancia de su uso en la mejora de la calidad medioambiental. De hecho, los objetivos de la Red de Ciudades por el Clima incluyen uno muy directo: «Mejorar los servicios para ser alternativas reales al transporte en coche particular».

Si el objetivo se logra, la aportación del Estado en Sevilla debería subir al diez por ciento y la de la Junta al 20 por ciento, lo que permitiría al Ayuntamiento mejorar la flota de autobuses de Tussam en los próximos años y adquirir vehículos más modernos y menos contaminantes. Pero hasta que eso si consiga, si es que se logra, Sevilla seguirá recibiendo la mitad de dinero para este fin que Palma de Mallorca, un agravio para el que no hay ninguna explicación técnica.