Recortes en la ayuda al desarrollo: ¿el sector privado al rescate o un nuevo peligro?

Según la ONU, que organiza hasta el jueves una conferencia sobre la financiación del desarrollo en Sevilla, hacen falta 4 billones de dólares al año para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 en materia de salud, educación y medio ambiente.

La situación, que viene acompañada de graves consecuencias sociales, podría empeorar, ya que varios países han anunciado en los últimos meses una reducción de sus ayudas, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, pero especialmente Estados Unidos.

Este último país era hasta ahora el principal donante para muchas agencias y ONG. Pero el fin de la agencia estadounidense USAID, decidido por el presidente Donald Trump, ha dado vuelta a la situación y disparado la relevancia de la inversión privada.

«Necesitamos al sector privado y los empleos que crea, porque los empleos son la manera más segura de acabar con la pobreza», afirmó en Sevilla el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

«La financiación pública por sí sola no será suficiente. Movilizar el capital privado no es solo una estrategia complementaria, es esencial», insistió Christopher MacLennan, encargado del desarrollo internacional en el Gobierno canadiense.

En el documento adoptado durante la conferencia, destinado a revitalizar la ayuda al desarrollo, los países se comprometieron a generar fondos «de todas las fuentes, reconociendo las ventajas comparativas de los financiamientos públicos y privados«.

Un enfoque defendido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que busca aumentar las asociaciones con los actores privados, pero garantizando que se orienten mejor hacia las necesidades reales de los países del Sur.

«Tenemos muchos capitales privados, pero no todos están alineados con las prioridades nacionales (...) Sabemos que el dinero está ahí, pero no va al lugar adecuado», declaró a AFP el jefe del PNUD, Haoliang Xu.

Para muchas ONG, esta dinámica no está exenta de peligro: los acreedores privados, que ya poseen más de la mitad de la deuda de los países de ingresos bajos y medios, son menos flexibles que los Estados en cuanto a las condiciones de reembolso de sus préstamos.

Estos actores agravan la crisis de la deuda «por su negativa a negociar«, denunció Oxfam en un informe, donde mostró su compromiso con el desarrollo liderado por los Estados, a su juicio más favorable para los países más pobres.

Los países ricos deben dejar de «aferrarse a la ilusión de que el sector privado pueda, por sí solo, cerrar la brecha» existente en términos de financiación climática, advirtió por su parte Rebecca Thissen, de Climate Action Network.

Para la OCDE, solo el 12% de la financiación privada movilizada entre 2018 y 2020 se destinó a países de bajos ingresos. Estos suelen considerarse más riesgosos, lo que lleva a los acreedores a exigir tasas de interés más altas, agravando así la deuda de estos países.

Para Laura Carvalho, profesora de Economía en la Universidad de Sao Paulo, la financiación privada atrae a los países en desarrollo como «una fuente (...) más sostenible que no lleva a espirales de deuda».

Pero hasta ahora no ha logrado proporcionar recursos a la escala necesaria y es percibida «como una forma de desviar el compromiso» de las naciones ricas, asegura a AFP este investigadora, que además señala que a veces las promesas de los inversores son «ficticias».

El «poder transformador» de las empresas y las finanzas privadas solo puede ser aprovechado con una nueva arquitectura financiera internacional, advirtió el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf.

Un mensaje del que se hizo eco el presidente de Kenia, William Ruto, quien aprovechó para pedir a Estados Unidos revertir sus recortes presupuestarios: «La financiación pública internacional sigue siendo indispensable».