Los padres de Marta del Castillo sospechan que Carcaño pudo «interferir» desde la cárcel en las búsquedas del cuerpo

Así lo expone Inmaculada Torres, abogada de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, en los escritos que ha hecho llegar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla La Mancha con sede en Ciudad Real y a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la Sala que juzgó el caso del crimen de Marta del Castillo.

Sendos escritos, con fecha de 12 de septiembre y a los que ha tenido acceso ABC, llegaron después de que la familia de Marta del Castillo conociese por los medios de comunicación que Carcaño hubiese sido trasladado de la prisión de Herrera de la Mancha a la de Archidona como consecuencia de la investigación que se le abrió tras pillarle en la celda objetos no autorizados como un móvil, una tablet o un pen drive con wifi. Estos hechos se conocieron antes de verano.

Tras varios meses de investigación, Instituciones Penitenciarias acordó en las últimas semanas su traslado a Archidona, prisión conocida como 'el palacio' por sus instalaciones: piscina climatizada, gimnasio o pista de fútbol sala con un material especial.

La abogada de la familia expone en sus escritos que desconoce los motivos de dicho traslado, del que se enteró por los medios, la misma vía por la que los padres conocieron que el comportamiento del asesino de Marta en Herrera de la Mancha había sido contrario a las normas de régimen penitenciario, al haberle sido incautados en su celda distintos objetos como teléfono móvil, módem USB para la red móvil (4G/5G) con una tarjeta SIM que le permitía conectarse a internet y tener contacto con el exterior, teclado de ordenador, tablet, además de gran cantidad de tabaco y dinero en efectivo, entre otros objetos.

«Desconoce esta parte quién ha podido facilitar a Miguel Carcaño los citados objetos no autorizados ni desde cuando ha podido comunicarse con el exterior a través de internet y teléfono móvil, sin ningún tipo de control, si bien, no se puede obviar que esta comunicación con el exterior, ha podido interferir en las labores de búsqueda de Marta del Castillo, hasta el momento, absolutamente infructuosas, revistiendo estos hechos de especial gravedad», traslada la abogada a ambos órganos judiciales.

Por tales hechos, «según los medios de comunicación», un juzgado de Instrucción ha incoado diligencias previas, «si bien desconocemos cualquier dato relativo a dicho procedimiento, el cual afecta a mis representados, pues los hechos acontecidos no sólo suponen una infracción grave, sino que pudieran afectar a la búsqueda de Marta del Castillo», añade la letrada.

Los padres de la joven asesinada «desconoce cuál es la sanción impuesta al condenado, si es que se le ha impuesto, pero lo que sí ha trascendido es el traslado a un centro penitenciario en el que va a 'disfrutar' de unas prestaciones de las que carecía en el anterior centro penitenciario, a modo de privilegio, a pesar de que el condenado ha puesto de manifiesto no sólo la voluntad de incumplir las normas de régimen penitenciario, sino la propia sentencia, en la que fue condenado al abono de la responsabilidad civil, a la que sólo ha hecho frente en una pequeña cuantía como consecuencia del embargo trabado».

Y es que en un decreto de la Sección Séptima de la Audiencia, con fecha del pasado 24 de junio y al que ha tenido acceso ABC, se acuerda la retención del sueldo y demás emolumentos que percibe el asesino de Marta, así como el resto de saldo resultante que por otros conceptos le consten a éste en dicha cuenta, salvo una cantidad fija de 200 euros mensuales que podrá utilizar para gastos personales.

La Sección Séptima, presidida por Mercedes Alaya, ha tomado esta decisión tras recibir comunicación del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha informando de la cuenta de peculio de dicho centro, consta que el penado Carcaño percibe una nómina de unos 644 euros aproximadamente y el saldo de ochenta euros a fecha de mediados de junio.

Para la abogada Inmaculada Torres, no se puede obviar que, a pesar del embargo del sueldo y del saldo de la cuenta de peculio ordenado por la Sección Séptima de la Audiencia, Carcaño «tiene pendiente de satisfacer, prácticamente, toda la responsabilidad civil derivada de los delitos por los que fue condenado, incluyendo los gastos devengados por las búsquedas infructuosas de Marta».

Sin embargo, el condenado ha dispuesto de otro dinero, «procedente de otras fuentes que desconocemos», para adquirir en el exterior objetos prohibidos en el interior del centro penitenciario, poniendo de manifiesto, de nuevo, «una conducta renuente al cumplimiento de las normas reguladoras de régimen penitenciario y de la sentencia impuesta por el tribunal».

Por ello, los padres solicitan a ambos órganos conocer el contenido íntegro del expediente sancionador y la resolución por la que se acuerda el traslado de centro penitenciario, así como los datos de las diligencias previas y Juzgado de Instrucción que está investigando los hechos; y las resoluciones y actos de las autoridades penitenciarias sobre Carcaño.

«La única finalidad es conocer el motivo por el que el condenado, a pesar del incumplimiento de las normas y el comportamiento puesto de manifiesto a lo largo de la años, con una absoluta falta de colaboración para encontrar a Marta, prolongando el sufrimiento de la familia, ha sido privilegiado mediante el trasladado a un centro penitenciario que dispone de unas instalaciones de las que carecen la mayoría, y no ha sido trasladado a otro centro más apropiado a su conducta», concluyen ambos escritos.

Carcaño, que hasta la fecha no ha gozado de permisos penitenciarios a pesar de que su incesante solicitud, cumplirá su pena de prisión en mayo de 2030, cuando tenga 41 años y tras haber pasado más de la mitad de su vida tras los barrotes de una prisión. No obstante, no podrá pisar Sevilla hasta el año 2043, pues el tribunal ordenó su prohibición de residencia en la misma localidad donde estén los padres y la hermana de Marta.