El Gobierno de Sánchez retrasa ocho meses más el proyecto del puente de la SE-40 en Sevilla

Esto quiere decir que, si los ingenieros no logran tumbarlo de nuevo, en el mejor de los casos el diseño del puente no estará terminado hasta enero de 2027. A partir de ahí se iniciaría el plazo de licitación para adjudicar la obra, un proceso que suele estar en torno a un año hasta la firma y el inicio de la obra, como muy pronto. Es decir, que los trabajos de construcción del viaducto no empezarían hasta finales de 2027o principios de 2028, si se cumplen los plazos previstos. Ese año, precisamente, es el que apuntó para la puesta en funcionamiento de esta infraestructura la ya exministra de Transportes, Raquel Sánchez, cuando en octubre de 2022 anunció su apuesta por el puente en lugar de por el túnel.

Fuentes del sector de la construcción y de las ingenierías señalan que una obra de estas características suele tener un plazo de ejecución de entre cuatro y cinco años. De esta forma, los sevillanos no podrán cruzar de Coria del Río a Dos Hermanas a través del puente de la SE-40 hasta, al menos, 2032. Se incumple, así, la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de que el cierre del anillo de la segunda circunvalación de Sevilla esté para 2030.

Esta previsión de la tramitación del puente sólo podría variar si el dedazo a Ineco se consuma del todo encargándole también a la empresa pública la construcción del puente, no sólo su diseño. No es la idea inicial, puesto que el propio director general de Carreteras informó a los ingenieros que recurrieron el encargo que el papel de Ineco en la redacción del proyecto sería sólo de Project Management -dirección y gestión- y de ahí que hubiera que subcontratar el 78 por ciento del mismo. Sin embargo, tampoco era la idea inicial saltarse el proceso de licitación. Y, además, otros medios propios como Tragsa sí han recibido encargo de proyectos constructivos e Ineco va camino de ello pese a que carece de un parque de maquinaria.

Por otro lado, el recurso que han interpuesto las patronales de ingenierías CÍES (federación en la que se integra la andaluza ASICA) y Ceacop ante la Audiencia Nacional no va a alterar la ejecución de la redacción del proyecto de Ineco. Así lo aseguró a ABC ayer Ignacio Sánchez de Mora, que lidera esta iniciativa. «El contencioso va por el fuero -explicó-, es decir, queremos que la Administración cada vez que vaya a invertir tenga una disyuntiva obligatoria entre demostrar que es más eficiente encargar a la empresa pública y acudir al mercado a través de una licitación».

El contencioso que se dirimirá en la Audiencia Nacional va más en relación con una cuestión procedimental acerca de las contrataciones masivas que el Gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones públicas están ejecutando con medios propios saltándose los concursos de libre concurrencia. Y no tiene que ver, en este caso, con el procedimiento concreto por el que ya recurrieron y ganaron en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) del Ministerio de Hacienda.

Respecto al nuevo encargo, Sánchez de Mora informó a ABC de que «lo primero que tenemos que hacer es acceder al expediente». ¿Por qué? Porque el encargo que recurrieron hace unos meses «ha muerto». Esa primera contratación fallida de la redacción del proyecto del puente le sirve a los ingenieros para ir ahora a la Audiencia Nacional con «dos puntos fuertes» que juegan a su favor. Por un lado, la resolución estimatoria del TACRC y, por otro, el hecho de que el primer dedazo fue reparado por la Intervención, que no quiso fiscalizarlo al considerar que era irregular al superar el 50% del límite legal de subcontratación (hasta un 78%), aunque luego el proceso superó el reparo con otra interventora.

Según los ingenieros, el hecho de haber formalizado un segundo encargo impide que se acumulen las causas, ya que el primero caducó el miércoles y el nuevo queda «absolutamente desvinculado». Lo que sí tienen claro es que, una vez tengan acceso al expediente y lo estudien, no irán a la misma vía del TACRC porque son conscientes de que «la evidencia del encargo se mira una vez y no caso a caso, y que el exceso de subcontratación está suficientemente justificado por el informe de la Abogacía del Estado». Por ello, tienen claro que irán o bien a la Audiencia Nacional -en otro recurso distinto al de ayer- o incluso a otra instancia superior.