El Gobierno de Sánchez quiso torpedear el barrio del Distrito Portuario de Sevilla

Esta traba puesta por el Gobierno de Sánchez, que pudo torpedear la construcción de 700 viviendas, 226 de protección oficial, también se ha resuelto. La Autoridad Portuaria elevó a la Abogacía del Estado un documento en el que explicaba las causas de por qué no afecta a la línea de costa y ésta concluyó que la Demarcación de Costas no tiene competencias en esta zona. Según ha podido saber ABC, hay dos razones por las que el barrio salva esa cautela: por un lado, se trata de un espacio del río que no está sujeto a mareas y, por otro, porque ya está urbanizado. 

De esta forma, el trámite ha quedado completamente resuelto por lo que en el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria dan por cerrado ya el expediente y por completa la tramitación municipal. Así, irá al consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo y al Pleno de octubre para que allí se dé cuenta del final de este proceso.

Una vez que esto suceda, seguidamente se enviará a la Junta de Andalucía para que apruebe definitivamente la modificación del Plan Especial de esta zona portuaria, ya que es ésta la administración competente, que también tiene ya el plan de movilidad de zona, que fue otro de los requisitos que se puso sobre la mesa. Se prevé que la luz verde a esta tramitación que ya va por cinco años de duración acabe en noviembre. A partir de entonces ya podrá comenzar la operación de venta de las parcelas y la construcción de un barrio que tiene que estar termiando en 2029, ya que es el proyecto estrella del Puerto de cara al centenario de la Exposición Iberoamericana.

La aprobación definitiva del barrio residencial del Distrito Portuario no ha sido un camino para nada sencillo. El proyecto de las 700 viviendas nació bajo mandato socialista, cuando el gobierno de Juan Espadas promovió la recalificación de los suelos portuarios. Sin embargo, ya con el cambio de color político en el Ayuntamiento, el PSOE -que había perdido la Alcaldía- se abstuvo en la votación plenaria de marzo de 2024, lo que impidió la aprobación provisional y dejó en evidencia la fractura política en torno a una iniciativa que en su origen fue suya.

A las diferencias partidistas se sumaron las críticas de Podemos-IU y Vox, que en distintos momentos han rechazado el plan por la falta de consenso vecinal. Asociaciones de barrios colindantes como Heliópolis o Los Bermejales han denunciado la ausencia de aparcamientos, centros de salud o equipamientos deportivos en el diseño inicial.

En paralelo, la tramitación se ha visto ralentizada por la complejidad burocrática: la modificación puntual del PGOU, la adaptación del Plan Especial del Puerto y la necesidad de coordinar a Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Junta de Andalucía. La propia Autoridad Portuaria recurrió a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio para que la Junta asumiera parte del expediente y evitar así el bloqueo municipal.

También ha habido que introducir ajustes técnicos, como la reducción de la edificabilidad destinada a oficinas para ganar espacio residencial y la mejora de conexiones viarias y zonas verdes. Todo ello ha dilatado un proyecto que, pese a las trabas, forma parte del pacto de gobierno entre PP y Vox para «transformar Sevilla» y cuya ejecución ya está desbloqueada tras superar el delicado equilibrio entre exigencias vecinales, informes técnicos y mayorías políticas en el Consistorio... y hasta del Gobierno de España.