La Escuela de Enfermería en Bormujos abre otro frente entre el rector de la Hispalense y la Junta

En Sevilla Enfermería se puede estudiar además en otros dos centros adscritos: los de la Cruz Roja y Osuna (ambos adscritos a la Universidad de Sevilla) y hasta ahora en la Escuela de San Juan de Dios en Bormujos. Entre estas tres últimas sumaban otras 240 plazas que, en estos casos, funcionan con una gestión semiprivada que supone que los estudiantes tienen que pagar una mensualidad aunque el título lo otorga la Hispalense. A ellos se sumó el curso pasado la privada: la Universidad Loyola que comenzó a impartir la titulación el pasado mes de septiembre en su campus de Dos Hermanas.

Sin embargo el anuncio de que otra privada, en este caso la Universidad Pontificia de Comillas pretende asumirla gestión del centro de San Juan de Dios que está en pleno proceso de desascripción de la US ha servido para abrir un nuevo frente entre el rector de la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía. Vuelve el conflicto entre la pública y la privada. O más bien los recelos de la primera a la segunda.

El conflicto no es nuevo si se tiene en cuenta que el centro de Bormujos ya inició el curso pasado el proceso de desascripción provocando un encontronazo entre ambas instituciones. Ya entonces hubo un rifirrafe entre el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el centro de San Juan de Dios de Bormujos que se cerró con la decisión de la Junta de Andalucía de que este curso (el que acaba de finalizar) el citado centro mantendría la adscripción y seguiría ofertando 75 plazas de nuevo ingreso.

Sin embargo la previsión era que para el curso 2024/2025 la gestión de ese centro esté ya en manos de la Universidad Pontificia de Comillas. De hecho, su director anunció a ABC hace unos días que ya tenían lista de espera: hay 200 solicitudes para las 75 plazas que ofrecen y que el proceso estaba a punto de culminar.

Ese anuncio provocó el rechazo generalizado tanto del rector de la Hispalense como del resto de rectores de las universidades públicas andaluzas que hablaban de «privatización» del sistema y lanzaron toda su artillería contra la privada e incluso que el rector de la Hispalense volviera a ofrecer recuperar esos estudios para su universidad.

Pero el recelo de los rectores de las universidades públicas no es nuevo. No es la primera vez que ocurre. Ya pasó cuando la Junta de Andalucía autorizó el pasado mes de diciembre que la Loyola comenzara a impartir Medicina convirtiéndose en la primera privada en ofrecer esos estudios. «Para estudiar en la Loyola hay dos requisitos: no tener nota para la US y tener dinero», dijo en un acto público el rector de la Universidad de Sevilla.

Y también ocurrió cuando se inició el proceso de desascripción con el CEU y se anunció la puesta en marcha de la Universidad CEU Fernando III. Un tema que también provocó el rechazo de Miguel Ángel Castro que incluso llevó el caso a los tribunales cuando fue obligado a seguir ofreciendo plazas adscritas en Bormujos. Hace sólo unos días volvía a la carga: «El que no entra en una universidad pública es que no puede hacerlo, por no tener nota pero tenemos que saber que una universidad es investigación, es transformación del conocimiento, y las privadas no cumplen los requisitos del Real Decreto», decía.

Contra eso el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, decía en el Parlamento que «no podemos permitirnos el lujo de perder ni una plaza en Enfermería» e insistía en que Andalucía es la comunidad que más invierte en universidades públicas.

Hay que tener en cuenta que en otras comunidades existe una oferta privada muy amplia. En Madrid, por ejemplo, hay seis universidades públicas frente a doce privadas, en Barcelona también hay más de una decena de privadas y en Valencia al menos seis. Además hay «mercado» para públicas y privadas. Y que, como decía recientemente el exrector de la Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, hay estudiantes con nota que, pudiendo entrar en la pública, eligen la privada porque creen que les ofrece mayores oportunidades.

En cualquier caso la historia se repite como ocurre cada vez que se anuncia la llegada de una privada. Podría resumirse en que los rectores de las universidades públicas rechazan por sistema la llegada de nuevas privadas. Una cuestión que trasciende lo universitario y se convierte en conflicto político.