La dársena del río Guadalquivir, en un limbo jurídico por la desidia de Costas

Hasta ahora el Ministerio de Transición Ecológica, que es del que depende la Dirección general de Costas, tiene delimitadas estas zonas de servidumbre de forma provisional y así lo muestra el geoportal que se puede consultar en la página web del propio Ministerio. Esa falta de concreción es lo que ha generado dudas en la Gerencia de Urbanismo para frenar los trabajos en el conocido restaurante, tras una denuncia interpuesta por una comunidad de vecinos de la Plaza de Cuba. Y para aclarar las dudas se ha solicitado un informe a la Consejería de Medio Ambiente que, a su vez, se ha remitido a Costas.

En esas está el proyecto que mantendrá el precinto hasta que el ente público se pronuncie. El propio geoportal ofrece mucha información sobre los deslindes que discurren por las dos orilla de la dársena. En este caso concreto, el trazado deja la propiedad fuera de la zona de dominio público, cosa que no ocurre con el negocio vecino, Puerto de Cuba, que pertenece al mismo dueño, donde la línea parte en dos la terraza, lo que impediría darle un uso privado a toda la parcela. Eso sería así sólo si Costas aclara que ese deslinde provisional se puede considerar como definitivo, de lo contrario, habría margen para negociar.

Precisamente la remodelación de Puerto de Cuba también se encuentra paralizada, pero no por una controversia administrativa, sino por la carencia de licencia de obras. En aquel expediente se exponía que la parcela junto a la lámina de agua está catalogada como espacio público, zona de servicio del Puerto y obliga a proteger la masa arbórea, el malecón y las bajadas a los embarcaderos. El informe de Urbanismo, sin embargo, no observaba incompatibilidad de las obras proyectadas con la ordenación vigente de la parcela.

Una situación parecida tiene la terraza exterior del restaurante Abades, por la que pasa la linde provisional, como aparece en el geoportal del Ministerio. Sin embargo, la remodelación se terminó llevando a cabo y se utiliza todo el espacio con fines privados.

La situación de estos proyectos podría poner en duda la de otros de mayor envergadura que se están acometiendo como Altadis. Ya en su día la propuesta inicial del centro comercial que propuso el equipo de gobierno del PP en 2015 se topó con reparos de la Dirección de Costas. El órgano advirtió en un informe de que el acuerdo suscrito entre la empresa tabaquera y el Ayuntamiento podría estar parcialmente afectado por la zona de servidumbre de protección y que cualquier edificación prevista deberá ubicarse fuera de ese suelo.

En este nuevo convenio, que transformará la zona en un espacio turístico, de negocios y de ocio, se han realizado las consultas pertinentes y ninguna edificación se ve afectada. Tampoco hubo reparos en el proceso de cambio puntual del PGOU, de hecho, la zona protegida seguirá siendo de uso público, incluido el embarcadero que tiene prevista la promotora, los jardines y el paseo fluvial.

La Ley de Costas afecta a estos proyectos porque la titularidad del suelo es privada, no ocurre así con las concesiones administrativas que pertenecen al Puerto de Sevilla. Ese es el caso de otro desarrollo potente, el del Jardín de las Cigarreras, que ya empieza a ganar velocidad. En el mismo está prevista la construcción de un edificio multiusos, un aparcamiento subterráneo, varios locales de restauración y un parque público. Hasta el momento los trabajos avanzan a buen ritmo sin que ningún problema administrativo los haya parado.

En este caso es la Ley de Puertos la que rige y una de las limitaciones que pone es que el suelo no se puede enajenar, seguirá perteneciendo a la institución portuaria y sólo se podrá desarrollar en condiciones de concesión administrativa como es este caso. En el mismo están también los tres clubes sociales: Náutico, Mercantil y Labradores.