La Junta anuncia que las evaluaciones sociales de la Corrala avalan los realojos

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto .

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre «15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no», dando cuenta de que en un caso se trata de una persona empadronada en otro municipio diferente a Sevilla y en el restante, la persona en cuestión no habría acudido a «las citas concertadas» ni habría «colaborado» en la aportación de documentos.

En esta carta, recogida por Europa Press, el Consistorio explicaba que en cada uno de los 15 informes certificados, los trabajadores sociales encargados de estas evaluaciones concluyen si cada una de las unidades familiares se encuentra en una situación adecuada, de vulnerabilidad o riesgo o, finalmente, en una situación «deficitaria o de exclusión social». El Ayuntamiento esgrimía además su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en febrero de 2013, señalando que del conjunto de familias, «sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, en los puestos número cien y 122 de las listas para viviendas con tres y dos dormitorios, respectivamente», toda vez que el resto de familias no habría mostrado «deseo» de figurar en el »proceso de intervención social» asociado al baremo municipal.

Ya este martes, la consejera de Fomento ha anunciado que los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, a través de las citadas evaluaciones, han acreditado la situación de »exclusión social» o de «vulnerabilidad o riesgo» de las 15 familias sometidas a este procedimiento, con lo que su departamento completará el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de «riesgo» o de «exclusión social».

El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su «riesgo de exclusión social», y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios, extremos ambos «certificados por los informes actualizados».

Según la Junta, los citados informes de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejan que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de «vulnerabilidad o riesgo», lo cual ya justifica «plenamente» su realojo provisional; y siete atraviesan una situación «deficitaria o de exclusión social», que es más grave aún que la anterior.

«Los informes sociales actualizados avalan plenamente el proceso de realojo iniciado el 9 de abril, que ahora tendrá lógica continuidad en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz. Ha sido y continuará siendo un realojo impecablemente justo y legal». La consejera, en ese sentido, señala el auto judicial que ordenaba a las fuerzas de seguridad del Estado ejecutar la orden de desalojo de las viviendas propiedad de 'Ibercaja', dado que el documento instaba a las administraciones a «proveer lo necesario» para atender «a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social» y objeto de este desalojo.

La Ley de Derecho a la Vivienda de 2010, según la Junta, da cobertura al realojo provisional de familias «con riesgo o en situación de exclusión social». «Todas las familias evaluadas se encuentran en estas circunstancias y tienen una necesidad habitacional clara», ha señalado la consejera.