¿Qué pasos tiene que dar el proyecto «Sevilla Park Arena»?

Pero la burocracia es complicada. Sobre todo porque se trata de ubicar un complejo deportivo, comercial y de ocio en suelos que están calificados como industriales y de uso portuario, lo que supone unas connotaciones añadidas. Por ello, las obras no se podrán iniciar hasta que no se obtenga la autorización pertinente del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, no ha querido hablar de plazos alegando que no se trata de una modificación del PGOU similar a otras que están pendientes -como la de la Gavidia o los aparcamientos en el centro, por ejemplo- ya que el Puerto tiene unas connotaciones especiales y un régimen jurídico diferente. Es más, Vílchez ha explicado que se trata de una tramitación completamente nueva ya que en Sevilla nunca había sido necesario, hasta ahora, cambiar el régimen legal de los suelos del Puerto porque en ellos sólo se ha desarrollado actividad industrial.

El primer paso ya está dado. El pasado 10 de abril, la Autoridad Portuaria solicitó a la Gerencia de Urbanismo una modificación del Plan Especial de los terrenos del Puerto para albergar otros usos diferentes a los actuales.

Los técnicos de la Gerencia, según ha explicado el propio Vílchez, están trabajando en este asunto analizando los requisitos legales para concederlo. Lo que está fuera de duda es que el proyecto es legalmente viable ya que una parte del mismo se desarrolla en la zona denominada técnicamente de interacción puerto-ciudad. Esta calificación permite otros usos compatibles con los tradicionales portuarios, como ya ocurre en otras ciudades.

El proyecto «Sevilla Park» también deberá contar con la autorización de la Junta de Andalucía. Concretamente con un informe de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente ya que afecta a las márgenes del río Guadalquivir. El Estado es el titular de los suelos del Puerto, aunque la gestión es de la administración andaluza. Por ello, su autorización será necesaria sólo en el caso de que hubiese dificultades o discrepancias legales.

En última instancia, sería el Consejo de Ministros el que tendría que resolver cualquier incidencia y autorizar definitivamente esta zona comercial, de ocio y deportiva si no hubiese acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento.

Hasta la fecha, esta iniciativa empresarial cuenta con todas las bendiciones de ambas instancias. El propio delegado de Urbanismo dijo este miércoles que será posible acortar los plazos administrativos porque hay consenso respecto al proyecto.