Una ley trampa para controlar los medios

La principal objeción, y no menor, que plantea es que otorga la potestad de vigilar los contenidos de las plataformas digitales a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Lo que equivale al control ideológico los medios de comunicación, incluyendo las ediciones electrónicas de la prensa de papel. Esto es una arbitrariedad y una medida dudosamente constitucional porque un órgano administrativo, cuyos rectores son designados por el Ejecutivo, excede de sus funciones al asumir la prerrogativa de examinar los contenidos y multar a quienes no se ajusten a las pautas que esta entidad determine.

Dicho con otras palabras, los únicos que pueden dilucidar si un medio incurre en bulos, calumnias o injurias son los tribunales. Y para esto existen el Código Penal, que castiga delitos, y el Código Civil, que sanciona vulneraciones del honor. La Administración ni puede ni debe asumir jamás este papel. Es algo básico en cualquier democracia parlamentaria.

La propia reseña del Gobierno sobre el anteproyecto habla de competencias de la CNMC en materia de «control, supervisión, inspección y sanción» sobre las plataformas digitales. Y para que no haya ninguna duda, establece multas para los contenidos ilícitos que van desde 30.000 euros al 6 por ciento del volumen de facturación.

Esto recuerda mucho a la ley Fraga, aprobada en 1966, que suponía la abolición de la censura previa, pero concedía a la autoridad gubernativa la prerrogativa de secuestrar una publicación. El Gobierno recurrió a esta norma para amedrentar a medios como la revista 'Triunfo', que cerró por varios meses por un artículo de opinión.

El anteproyecto, de pomposa denominación, no sólo supone una amenaza a la libertad de expresión, sino que también contiene una sutil trampa que está hábilmente disfrazada. Es el reparto de la publicidad institucional, que, según la norma, deberá realizarse de forma justa y proporcionada a la difusión de los medios. Esto parece de sentido común, pero deja una rendija por la que se podrá colar el trato de favor a los medios progubernamentales: la publicidad de las empresas vinculadas al Estado, como Telefónica, sin restricciones a la hora de favorecer a las publicaciones afines.

El Gobierno asegura que la nueva ley es la trasposición de dos reglamentos de la UE, pero esto no es cierto. Ha introducido elementos de discrecionalidad que no están en la normativa europea, especialmente los relativos al control de los contenidos.

La norma atribuye también a la CNMC la potestad de vetar las fusiones que puedan suponer una concentración de mercado, algo que encaja más en su perfil, pero que también suscita el temor de que el Gobierno utilice esta prerrogativa de forma arbitraria.

Hay un aspecto positivo en la norma que merece la pena subrayar: la creación de un registro público en el que consten los accionistas de los medios y sus ingresos. Tal iniciativa contribuirá a una transparencia que resulta necesaria en un mundo donde cada vez resulta más difícil saber quién está detrás de las plataformas digitales. Esto era lo que exigía el reglamento de la UE que ha sido traspuesto por el Gobierno.

En suma, el Ejecutivo está intentando dar gato por liebre al vender como una iniciativa que garantizará la veracidad y la pluralidad de los medios lo que en realidad es un instrumento de control. A la oposición corresponde ahora hacer su trabajo en el trámite parlamentario.