Moncloa impulsa el registro de medios que busca limitar su publicidad institucional

El origen de esta ley que promueve ahora el Gobierno no es otro que los convulsos cinco días de abril de 2024, de los que pronto se cumplirá un año, en los que Pedro Sánchez puso en vilo a España entera, y muy singularmente al PSOE, al anunciar en una carta a los españoles publicada en las redes sociales que sopesaba su dimisión tras abrir un juzgado de Madrid una investigación (aún en curso) contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción en sus actividades comerciales coincidiendo con sus años en La Moncloa. Comenzó entonces la campaña contra los «pseudomedios», quejosa Moncloa de lo que consideraba «bulos» e «intoxicaciones» sobre la esposa del jefe del Ejecutivo, y también la denuncia del 'lawfare' o supuesta guerra sucia judicial contra el Gobierno, algo que se ha venido repitiendo aunque no siempre utilizando el anglicismo al que hasta hace poco únicamente daban carta de naturaleza las formaciones situadas a la izquierda del PSOE.

La teoría esgrimida por los socialistas es que muchos de esos que considera «pseudomedios», fundamentalmente en el ámbito de los nativos digitales, están financiados indirectamente por gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) a través de la publicidad institucional, que también está en manos del Gobierno central. Se trata de un aspecto al que incluso los aliados parlamentarios del Gobierno, formaciones nacionalistas e independentistas, ponen reparos aun 'sotto voce', dada la fuerte implantación de medios sustentados casi exclusivamente con publicidad institucional (muchos de ellos en las lenguas cooficiales) en sus respectivos territorios.

El registro público de los medios de comunicación será responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, mediante una reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Además de los medios, la CNMC tendrá competencias sobre las plataformas digitales de todo tipo y sus contenidos, que de ser inapropiados podrán multarse si la infracción es leve con 30.000 euros o, si es grave, con el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor.

El anteproyecto aprobado este martes propugna que los proveedores de servicios de internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, y también que se les pueda exigir transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online.

En cuanto a lo que se refiere estrictamente a medios de comunicación, el registro será obligatorio para los que tengan ámbito estatal, que deberán mantener actualizada la información sobre su propiedad y sobre los ingresos derivados de la publicidad institucional que reciben. Cualquier ciudadano podrá acceder a ese registro, que tendrá también un apartado para medios de ámbito autonómico, que estará coordinado con el estatal.

Desde el Gobierno se subraya el carácter de «entidad independiente» de la CNMC, como ha dicho este martes mismo el ministro López, cuya estructura tendrá que ser adaptada para sus nuevas funciones. Fuentes del Ejecutivo rebaten las críticas de intento de control sobre los medios alegando que incluso se podría haber establecido que fuese el propio Ejecutivo el que realizase esa tarea de fiscalización de la propiedad y la publicidad institucional que reciben los medios. También resaltan que la CNMC tiene mayor distancia sobre el objeto que fiscalizará que, por ejemplo, algunos órganos de control que existen desde hace tiempo en comunidades autónomas, que están formados por profesionales de los mismos medios. Por ejemplo el Consejo Audiovisual Catalán, el CAC.

Que el objeto principal de control son los nativos digitales no reviste secreto alguno, y basta escuchar las palabras este martes del ministro López, que ha distinguido entre los medios que utilizan un espacio público y finito, como las cadenas de radio y televisión, con quienes como en el caso de un periódico exclusivamente digital no están sujetos a esa limitación de partida. Además de la publicidad institucional que reciben todos los medios, pero particularmente estos nativos digitales, el Gobierno pretende fiscalizar también la posible concentración de cabeceras en unas mismas manos, en línea, explicó el ministro de Transformación Digital, con las leyes europeas que desde hace décadas combaten la concentración en la propiedad de los medios en el ámbito audiovisual o radiofónico.