Txapote pasa la factura

En el principio fue ETA, que también protagonizará el final, salvo que logremos impedirlo a tiempo. El «proceso» de desintegración territorial, democrática y moral de nuestra nación, llamado a terminar, en el mejor de los casos, en un estado plurinacional de ciudadanos desiguales, y, en el peor, en un conjunto de taifas, no comenzó con la intentona sediciosa de 2017 en Cataluña. No lo diseñaron ni Puigdemont ni su socio y benefactor, Sánchez. Tampoco Junqueras, y desde luego no Zapatero, quien representó el papel de pagafantas con nuestra dignidad y nuestra soberanía. Él fue quien lo apellidó con ese engañoso «de paz», en aras de justificar la rendición de los principios defendidos hasta entonces por el PSOE, pero los guionistas de la película fueron, desde el principio, miembros destacados del entramado criminal integrado bajo las siglas de ETA. Algunos de ellos asesinos convictos (el principal, Ternera), pero también abogados (Iruin, Boye), representantes políticos (principalmente Otegi), organizaciones pseudo sociales (Sare, Gestoras pro Amnistía), fundaciones internacionales, presuntamente prestigiosas, especializadas en la resolución de conflictos (Henry Dunant, Berghoff, viejas conocidas de la serpiente enroscada en el hacha, escogidas hoy por Junts y ERC para supervisar sus conversaciones clandestinas con el Gobierno.) El plan trazado por esos estrategas no habría tenido recorrido, empero, de no haber estado apoyado por las pistolas que manejaban los matarifes de la banda. Ellos eran un tentáculo fundamental del monstruo; no el único. La sangre fue determinante para doblegar la resistencia de los más cobardes, que ahora abrazan la causa porque saben que en ello les va la supervivencia en el poder. Claro que para eso deben pagar el precio estipulado de antemano. La factura que han presentado Txapote y demás sicarios, sin los cuales este «proceso» no habría sido posible.

La manifestación de la vergüenza, que el sábado ensució las calles de Bilbao, prepara el terreno para una ignominia: la liberación de los 142 terroristas que aún permanecen presos pese a los incontables beneficios otorgados a cuatro manos por los ejecutivos español y vasco en los últimos cinco años. Ya sea incluyéndolos en la ley de amnistía, ya mediante otro expediente, exigen impunidad, alegando que se la han ganado. Y tienen razón.