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el contrapunto

Sánchez ensucia el nombre de España

El caudillo del Movimiento Sanchista y el PSOE asumen el relato delirante del separatismo supremacista

Segunda traición socialista (7/11/23)

No habrá amnistía para Sánchez (3/11/23)

Isabel San Sebastián

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El acuerdo de la infamia suscrito entre Sánchez y Puidgemont, envilecido más, si cabe, por la aceptación de «verificadores internacionales» como supervisores de su cumplimiento, constituye un salivazo al buen nombre de España al quebrar la trayectoria democrática seguida desde 1978, arrojar sombras de sospecha sobre nuestro régimen de libertades ... y nuestro sistema judicial y reconocer la condición de víctimas a criminales condenados en firme por sedición, malversación, corrupción y terrorismo. Un daño reputacional irreparable, causado por un líder devenido en caudillo del Movimiento Sanchista secundado por un PSOE traidor a sus siglas, su programa, su ideario y su patria en aras de seguir abrevando en el gran pesebre del poder. En su afán enfermizo por aferrarse a la poltrona, Sánchez no solo borra el historial delictivo de sus socios de Junts y ERC, tramitando una amnistía indecente, sino que asume como propio el relato delirante del separatismo supremacista: la realidad de sendas 'naciones' catalana y vasca cuya existencia niega rotundamente la historia e impide la Carta Magna; un presunto derecho de autodeterminación incompatible con nuestro contexto geográfico-político; la legitimidad del referéndum ilegal celebrado en 2017 en Cataluña y de los que puedan convocarse al amparo de este pacto indigno, o la conversión del impecable trabajo en defensa del orden constitucional llevado a cabo por jueces, fiscales y policías durante esos días de ignominia en una utilización espuria del derecho como herramienta de persecución política; es decir, en una actuación fraudulenta sujeta a investigación por parte de 'comisiones' populares constituidas a tal efecto, que podrían dictar sanciones contra los togados que cumplieron ejemplarmente con su deber. Tan grave es esta amenaza esgrimida contra el poder judicial, que todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las integradas en el mal llamado bloque 'progresista', han puesto el grito en el cielo. Y lo mismo ha hecho el comisario europeo de Justicia, Reynders, exigiendo al Gobierno explicaciones urgentes sobre semejante ataque frontal al sagrado imperio de la ley. Pero lo malo es que no son solo Sánchez y su Ejecutivo quienes salen salpicados de este escándalo. Es España la ensuciada. Ante la UE, la comunidad internacional y los inversores extranjeros es nuestro país el que deja de ser respetable y adquiere el perfil humillante de una república bananera.

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