PSOE y Junts pactan una negociación sobre el referéndum con un mediador internacional

El acuerdo contempla la Ley de Amnistía «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». El acuerdo aclara que esta ley incluirá «tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». En su rueda de prensa desde Bruselas, Santos Cedán ha aclarado que abarcará desde 2012 hasta el día de hoy.

El pacto contempla la creación de comisiones de investigación durante la próxima legislatura en la que en sus conclusiones «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». También se promoverá «la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio».

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 Será en este foro de negociación donde queda plasmado que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación «sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución». Mientras que el PSOE apostará por el desarrollo del Estatut de 2006. Esta es su posición de desarrollar desde el punto de vista normativo los aspectos que fueron declarados incosntitucionales por el Tribunal Constitucional.

El acuerdo, dicen las partes, permitirá abrir «una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya». Las partes asumen que «una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia», un periodo que refieren como una respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, culpando en este punto al recurso presentado en su día por el PP.

El documento recuerda que con ese Estatut se buscaba «el reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados». Unas reivindicaciones a las que atribuyen «un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya». Es decir, el PSOE suscribe un documento que se retrotrae a 1714, núcleo fundamental de la mitología independentista. Asume el PSOE que desde entonces «una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España».

El documento dice que «lamentablemente» los gobiernos del PP «no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada», en referencia a los planteamientos que se hicieron sobre autonomía fiscal o referéndums. Es decir, se construye una argumentación que culpa a los rechazos del PP a esa propuestas como el germen de las acciones que fomentó después el independentismo: «Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 — ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE, mediante la cual se decretó la disolución del Parlament, la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas».

Las partes se centran en expresar sus «profundas divergencias» entre ambas formaciones. Y pese a que los socialistas han celebrado todos los pasos dados hasta la fecha, indultos incluídos, aceptan ahora que la cuestión central sigue sin resolverse. Las partes dicen estar preparadas para «abrir una nueva etapa» en la que «se busque una solución política y negociada al conflicto». A partir del resultado de las urnas PSOE y Junts apuestan por abrir una negociación con la que buscar un conjunto de pactos que «contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya». Unos acuerdos que, ya anticipan, «deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya».

Es a partir del reconocimiento que PSOE y Junts hacen de «sus profundas discrepancias» y son conscientes de «la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender». Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Y es aquí donde ambos partidos ven factible «alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones».

Es el reconocimiento de esas discrepancias lo que utilizan PSOE y Junts para justificar la aceptación de una reivindicación histórica del independentismo: «un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones». Esta verificación internacional establecerá una metodología «para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes».

Los partidos han delimitado ya dos grandes ámbitos para la negociación: «la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya». En ese sentido se habla ya de una primera reunión de negociación «a celebrar este mes de noviembre», en la que se plantearán ya algunas cuestiones. Por ejemplo, en el ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Mientras que el PSOE defenderá su posición histórica: el desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006. Es decir, recuperar desde el punto de vista normativo aquellas cuestiones declaradas incosntitucionales.

Por otro lado, en el ámbito de los «déficits y limitaciones del autogobierno», Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña y que reconozca «la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya». Mientras que el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. Es decir, las ya pactadas quitas de deuda con ERC y la reforma del sistema de financiación. El acuerdo se compromete con un plan para «facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».