el contrapunto
La amnistía consagra a una casta de privilegiados
España clama en favor de la justicia y la igualdad. ¡No al apartheid de Sánchez!
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Mientras nos distrae con esa cosa grotesca del 'lenguaje inclusivo' y la cartera de Irene Montero, cuyo logro más notable ha sido la excarcelación prematura de violadores y pedófilos, el PSOE consagra la división de nuestro país entre españoles de primera y españoles de segunda. ... En la categoría 'premium' se engloba a los políticos, incluidos golpistas, malversadores, corruptos o terroristas, y a los residentes en Cataluña y el País Vasco, sobre todo si votan a la izquierda o el separatismo. En clase turista vamos todos los demás. La creación de esa casta de privilegiados es la condición convenida por Pedro Sánchez con sus socios a cambio de ser investido. Un precio exorbitante, especialmente para el partido que enarbola la bandera de la igualdad hasta el extremo de hacerle sitio en el Consejo de Ministros. El precio de la traición a la Constitución y a España.
La ley de amnistía establece un precedente de extrema gravedad, al abrir un espacio de impunidad al que podrán acogerse en el futuro dirigentes de cualquier color sin más requisito que el de invocar que actuaron en beneficio de sus proyectos o sus siglas. ¿Qué impedirá a un gobernante amnistiar a sus colegas condenados por corrupción, si posee la mayoría suficiente para hacerlo? ¿Quién establecerá alguna diferencia sustancial entre los motivos esgrimidos por Puigdemont o Junqueras como justificación de sus actos delictivos y los de cualquier otro criminal dedicado a la actividad política? Una vez agrietado el Estado de derecho con ese asalto al poder judicial perpetrado por el Ejecutivo y el legislativo, todo será posible. Habrá una ley a la medida de los poderosos y otra a la del pueblo llano. Las normas de obligado cumplimiento para cualquier españolito de a pie establecerán excepciones de hecho si el infractor ocupa un cargo público. Cuando se apruebe esta infame amnistía sin que un solo socialista honrado se niegue a respaldar con su voto la quiebra de todo aquello que siempre dijo defender quedará instalado en España un régimen de exclusión jurisdiccional. Los tribunales ordinarios dejarán de tener potestad para juzgar a los políticos.
Pero aún hay más. ABC cifraba el domingo en 100.000 millones de euros el importe de la factura que el socialismo abonará al separatismo en concepto de renovación del alquiler de la Moncloa. Merced a ese dineral, pagado por todos a escote, catalanes y vascos gozarán de una financiación de sus servicios más generosa que la de madrileños, extremeños, valencianos o castellanos. Mejor sanidad, educación, transporte público o pensiones, que los independentistas de esas regiones exhibirán ante sus electores mientras en las comunidades perjudicadas, gobernadas por el PP, la oposición protesta contra los 'recortes sociales'. La jugada es tan nauseabunda que ha despertado a esa mayoría en general silenciosa. España clama en favor de la justicia y la igualdad. ¡No al apartheid de Sánchez!