Sánchez compromete 100.000 millones para ser presidente

La prometida condonación de la deuda autonómica supondrá la asunción por parte del Estado de un volumen no inferior a 30.000 millones de euros (solo a Cataluña se le recortará la deuda en 15.000 millones) más la cuenta extra de interés que se derive de ello; la mejora de la financiación de Cataluña implicará una trasferencia de ingresos fiscales desde las arcas del Estado hacia las catalanas que oscilará entre los 6.000 millones, si se aplica el modelo de ERC de enjugar la supuesta infrafinanciación de Cataluña, y los 28.000 millones si se adopta el modelo de Junts de que todos los impuestos que se paguen en la autonomía se los quede la Generalitat; se han comprometido inversiones ferroviarias por más de 6.000 millones (la mayoría en Cataluña); en planes de I+D, carreteras y otros ámbitos por más de 3.000 millones; y los planes de gasto social que se derivan del acuerdo con Sumar, que implican entre otras cosas que sea el Estado el que asuma el 50% de la factura del gasto en dependencia o la ampliación de los permisos parentales de 16 a 20 semanas, supondrían de cumplirse un esfuerzo extra de 40.000 millones de euros.

Los acuerdos comprometen créditos de los Presupuestos del Estado más allá de la próxima legislatura, ya que en algunos casos llegan hasta 2030, y de cumplirse en su literalidad incrementarían el gasto anual del Estado en alrededor de 20.000 millones de euros ya el próximo año, algo que resta credibilidad a los pactos, ya que parece poco factible en un contexto en el que todo apunta a que el Gobierno tendrá que acometer un recorte fiscal de más de 13.000 millones de euros para reducir el déficit al 3% del PIB y en un marco de ingresos decrecientes.

Cataluña asoma como la gran beneficiaria de los acuerdos de investidura. Más allá de las cesiones políticas y jurídicas comprometidas con Junts y ERC para borrar la huella del 'procés', la necesidad de contar con los votos de ERC y Junts para garantizar la investidura de Sánchez se ha traducido en un conjunto de acuerdos cuyo montante ronda los 50.000 millones.

La parte más importante tiene que ver con la financiación de Cataluña. El PSOE se ha comprometido con el nacionalismo catalán a que el Gobierno Central asumirá 15.000 millones de euros de la deuda acumulada por las inyecciones de recursos del Estado realizadas tras la crisis financiera para evitar la quiebra de la Generalitat.

La maniobra, que según se precisa desde el PSOE se extenderá a todas las comunidades autónomas con un impacto en la deuda del Estado que probablemente superará los 30.000 millones (la factura total no se puede precisar porque el acuerdo ha definido la cantidad, pero no el criterio para la condonación), obligará al Tesoro a asumir los intereses que hasta ahora se cargaban a la cuenta de las autonomías enganchadas al auxilio financiero del Estado. Eso sí, con el doble agravante de que ahora se pagarán a precios de mercado (no al interés blando que garantizaban los mecanismos estatales de financiación) y con los tipos de interés en máximos. Solo por la deuda catalana, el Tesoro asumirá una carga de intereses de 1.300 millones/año.

La otra gran concesión financiera es la mejora de la financiación catalana. El impacto sobre los recursos del Estado de este compromiso dependerá del camino que se tome. Si Junts logra imponer su exigencia, plasmada en el acuerdo con el PSOE, de que todos los ingresos fiscales generados en Cataluña se queden en las arcas de la Generalitat, el impacto para los ingresos del Estado rondará los 28.000 millones, a la vista de los últimos datos disponibles sobre recaudación por IRPF, IVA, Impuestos Especiales e Impuesto de Sociedades en Cataluña.

Si, por el contrario, se asume el modelo de ERC, que exige enjugar el déficit fiscal que a su juicio el sistema de financiación autonómica genera a las arcas catalanas, el coste de cumplir ese compromiso sería menos gravoso, si bien supondría la transferencia anual de unos 6.000 millones desde el Estado a la Generalitat, el montante en que ERC estima el déficit anual catalán.

Los nacionalistas también han arrancado al PSOE el compromiso de mejorar las inversiones del Estado en Cataluña. El acuerdo con ERC prevé una cláusula de garantía para blindar la ejecución de las inversiones previstas en el territorio, que presentan cifras muy jugosas en los presupuestos pero que luego no se ejecutan. En los últimos años, esa distancia entre lo previsto y lo ejecutado ha oscilado entre los 1.000 y los 1.500 millones, que con esta cláusula acabarían revirtiendo en Cataluña igualmente. Algo similar sucede con las inversiones previstas en la red de cercanías catalana. El PSOE ha comprometido con ERC el blindaje de los 5.000 millones que Renfe y ADIF tienen previsto invertir en la red ferroviaria catalana de aquí a 2030 para adecuar y mejorar la red antes del traspaso de la titularidad de la infraestructura a la Generalitat.

La otra gran cuenta de gasto de los acuerdos de investidura es el gasto social acordado con Sumar, que ronda los 40.000 millones. Buena culpa de ello la tienen compromisos políticos como elevar la inversión educativa del 4,4% actual al 5% del PIB (10.000 millones), la ayuda a la cooperación al 0,7% del PIB (otros 7.500 millones) o medidas concretas como la ampliación del permiso parental de 16 a 20 meses.

Menor impacto económico tendrán los acuerdos con PNV y Coalición Canaria, más políticos. Con todo, el PSOE ha prometido al PNV renunciar a parte de los ingresos extra por el tipo mínimo europeo del 15% en el Impuesto de Sociedades a favor del País Vasco.