Vox: Responsabilidad vs. emoción

Frente a la clara defensa de derechos constitucionales por parte de los obispos, Abascal se declaró «entristecido» y «perplejo» por el apoyo a la comunidad musulmana de Jumilla, sugiriendo que su postura podría estar influida «por los ingresos públicos que recibe» la Iglesia o incluso por la pederastia, que la habría tenido «amordazada» ante políticas gubernamentales. Además, reprochó un supuesto «silencio» de la CEE ante cuestiones como el «derecho a la vida» o la ideología de género.

No es política útil ni honesta promover la intolerancia desde una posición de liderazgo nacional, ya sea Sánchez o Abascal. No es legítimo presentar la defensa de un derecho fundamental como una rendición, lo cual significa no haber entendido que los derechos son para todos, no sólo para los de tu partido. Lo mismo sucede con la insinuación de que la Iglesia –como han hecho otras veces con los medios– actúa movida por intereses espurios. Este tipo de retórica no solo erosiona el respeto institucional, sino que rompe los vínculos de convivencia que sostienen a una sociedad democrática. Debe desenmascararse también la estrategia comunicativa que acompaña estas palabras: Abascal escogió un entorno seguro y controlado –un podcast creado por su partido– para pronunciar acusaciones gravísimas sin someterse a contrapreguntas incómodas.

Una posible explicación a esta radicalización del mensaje de Vox se encuentra en la claridad con que el PP les señaló en su último congreso que no busca gobernar con ellos ni con su apoyo. Ante eso, Abascal ha decidido subrayar su vocación por situarse extramuros de cualquier responsabilidad institucional y prefiere hacer política con emociones en vez de razones, convencido de que allí hay más votos que en la gestión de la cuestión común. Los obispos han ofrecido una lección de responsabilidad. Vox parece haber optado por la demagogia y el enfrentamiento, a semejanza del discurso de Le Pen o de Alternativa por Alemania (AfD). La verdadera fortaleza de España se mide en su capacidad para garantizar la libertad y la convivencia, no en levantar muros de desconfianza entre sus ciudadanos o en situarse voluntariamente fuera de ellos.