La inflación devora los sueldos

Según los datos del INE, desde el final de la pandemia el coste de la vida en España se ha encarecido un 20,8 por ciento, mientras que los salarios por trabajador apenas han subido un 16,4 por ciento. El resultado es una pérdida de poder adquisitivo de 4,4 puntos, equivalente a unos 90 euros al mes, o la mitad de una nómina anual. En los hogares de renta baja y media, ese diferencial no se traduce en estadísticas: se nota en la nevera, en la factura de la luz y en el supermercado.

El fenómeno tiene su raíz en los años más duros de la crisis inflacionista. Durante 2022 y 2023, el Gobierno desplegó un escudo fiscal que contuvo los precios de la energía y de algunos alimentos. Esa contención, aplaudida en su momento, tuvo un efecto colateral: aplazó el ajuste real de la economía. Hoy, retiradas las bonificaciones y con las tarifas normalizadas, la inflación vuelve a reflejar los costes acumulados. España está pagando la factura del alivio temporal que impuso el Gobierno.

A esa presión se suma otro factor más reciente: la marcha reforzada del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril. Para evitar que se repita un fallo de semejante magnitud, el Gobierno ha ordenado aumentar las reservas estratégicas y garantizar la disponibilidad de centrales de respaldo, decisiones que implican mayores costes fijos en la red y, por tanto, precios más altos para los consumidores. La seguridad energética tiene un precio, y ese precio se está colando en la factura.

La subida del IPC no se explica solo por la energía. El INE destaca también el impacto de la nueva tasa de recogida de basuras, que ha provocado un encarecimiento histórico del 30 por ciento en ese servicio municipal. En conjunto, los alimentos, la electricidad y la vivienda tienen aumentos relevantes. Todo ello dibuja un escenario en el que la inflación, aun moderada en términos técnicos, actúa como un impuesto sobre las familias trabajadoras. La consecuencia es una sensación de empobrecimiento generalizada. Pese a que el PIB crece y el empleo se mantiene, el consumidor va agobiado. No es una paradoja: la economía va bien en los indicadores macro, pero mal en la experiencia diaria de la gente. Cada subida del supermercado o del carburante borra cualquier discurso optimista sobre la recuperación.

El BCE podrá debatir si conviene mantener o no los tipos de interés, pero el verdadero problema está en casa: España ha perdido el vínculo entre crecimiento y bienestar. Las subidas salariales de los últimos años han sido devoradas por una inflación que erosiona el ahorro, las pensiones y la renta disponible. El Gobierno no puede limitarse a celebrar que el dato no sea peor. Debe actuar sobre los costes estructurales –energía, vivienda, servicios municipales–, aumentar la competencia en los mercados y contener el gasto improductivo que agrava la presión fiscal. El país necesita productividad, no paliativos. La inflación no parece un drama hasta que se compara con los sueldos. Entonces se entiende que no hay estabilidad sin poder de compra, y que la mejor política social no es repartir subsidios, sino garantizar que trabajar vuelva a merecer la pena.