Barbón, en la mina de Cerredo

En el debate político se apunta desde una razonable perspectiva que Adrián Barbón y sus consejeros son responsables de que se estuviera produciendo una actividad ilegal tan flagrante con un resultado tan lamentable. Como se plantea en Valencia tras la tragedia de la dana y como se ha defendido en los editoriales de ABC, los políticos deben afrontar cabalmente las consecuencias de los sucesos de los que puedan ser políticamente responsables. En los pueblos de la comarca se conocía que el programa de 'investigación y limpieza' de la vieja mina de Cerredo iba más allá. Incluso, los puestos de trabajo asociados al proyecto habían supuesto una noticia conocida por conceder dosis de esperanza a una región asolada hace décadas por la reconversión y a la que la clase política no ha sabido proporcionar alternativas a un cierre de la minería que trajo paro, pobreza y despoblación.

Las gentes de Cerredo y Villablino conocían el proyecto y su actividad en la medida en que alrededor de cincuenta personas trabajaban en una plantilla que hoy, trágicamente, ha quedado diezmada. No se trataba de un desempeño ilegal que pudiera llevarse a cabo con métodos indetectables, como sucede con otras prácticas prohibidas, como la caza fuera de tiempo y zonas permitidas, el robo de leña o el furtiveo en cotos de productos naturales. Estamos ante una empresa con decenas de trabajadores, movimientos de maquinaria, personal y productos extraídos de la que nadie supo nada ni detectó nada extraño. El hecho de que todo pasara inadvertido resulta, cuando menos, insólito. El Gobierno de Barbón ha informado ahora de que realizó seis inspecciones en los últimos dos años en la mina de Cerredo y en ninguna descubrió nada irregular. En la última de ellas, que comienza el día de la explosión, de pronto se confirma la presencia de al menos dos agujeros de 18 y 25 metros de longitud con entre 25 y 30 metros de altura de los que se habría extraído posiblemente el carbón en una acción que terminó con la pérdida de las vidas de cinco trabajadores. Que esto sucediera en la más absoluta clandestinidad apunta a un ejercicio de manifiesta ceguera de las administraciones, si no de un posible ejercicio de vista gorda que deberá explicarse con el detalle que sea necesario.