Honrados prevaricadores

La idea no es nueva. Desde el estallido del monumental escándalo relacionado con los ERE fraudulentos, que ha visto desaparecer por el sumidero de la corrupción más de ochocientos millones, la principal línea argumental de la formación del puño y la rosa ha sido insistir una y otra vez en que repartir fondos al margen de lo que marca la ley, a sabiendas, no es robar. Robar es solo llevárselo crudo. Como si meter la mano en la caja con el fin de alimentar el clientelismo político fuese una conducta perfectamente lícita. Como si comprar votos fuese más honesto y honrado que cobrar sobresueldos. Como si al contribuyente expoliado le causara menos perjuicio financiar una vasta red de «favores» mutuos intercambiados entre amiguetes y cargos electos que llenar de billetes de 500 los sobres de los corruptos.

Tanto han repetido la monserga, que esta ha terminado por calar en buena parte de la sociedad. Lo cual explica que el Partido Socialista Obrero Español lleve más de treinta años gobernando Andalucía pese a situarse en el epicentro del mayor y más grave caso de corrupción económica y política que ha conocido la democracia, en foto-finish, es verdad, con el que salpica a los Pujol. En ambos hablamos de cifras escalofriantes utilizando como tapadera los intereses del «pueblo», cuando en realidad se trata de los del partido y la «famiglia», en el sentido «mariopuziano» del término. Corrupción, latrocinio, saqueo de las arcas públicas llenadas a base de auténticas exacciones fiscales... Expolio, con todas las letras. Ni más ni menos inmoral que el blanqueo de comisiones destinado a sufragar gastos de campaña en «B», como se investiga en el caso Taula que afecta al PP, o engordar patrimonios ocultos. Exactamente igual de infame, si hablamos de decencia política, por más que la legislación vigente castigue con penas distintas la apropiación indebida, la malversación y la prevaricación consistente, según el auto del juez, en permitir durante más de diez años que cuantiosas cantidades de dinero público fuesen a parar a personas no autorizadas para disponer de ellas, con total arbitrariedad y sin control alguno sobre su destino final.

Si eso no es corrupción, señor Hernando, es preciso corregir el diccionario de la RAE, que brinda la siguiente definición de la palabra: «En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores». «O de otra índole». Ese es el matiz clave. ¿Cabe mayor provecho que mantenerse indefinidamente en el poder, merced al voto cautivo?

Presuntamente, por supuesto, mientras no haya condena firme. Como en la Gürtel o en Púnica.