A medio camino entre la mordaza parcial y la censura total, la Abogacía del Estado ha vuelto a proponer al juez que investiga a la exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya que expulse a las acusaciones del proceso, que ponga sordina a su instrucción ... y, sobre todo, que silencie a los periodistas para que no haya información. Hace tiempo que la Abogacía del Estado dejó de ser exactamente eso, para convertirse en la Abogacía del Gobierno. Moncloa la ha puesto a su servicio sin escrúpulo alguno, y su cúpula, insólitamente solícita, empieza a actuar de modo profundamente antidemocrático. Si de lo que se trata es de que se entierre este proceso bajo tierra, y de que no haya un solo titular que pueda salpicar a Pedro Sánchez por traer a España de forma clandestina e ilegal al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, la Abogacía del Estado va a pinchar en hueso. Y no porque alguien vaya a vulnerar alguna garantía procesal, sino porque vivimos en una democracia. Aún.
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