Demasiada burla para una pandemia

Sánchez e Illa están desaparecidos porque están más interesados en ganar votos que en luchar contra la pandemia. Es injustificable que ninguno de los dos, después de su operación propagandística de cubrir con logotipos del Gobierno las cajas de las vacunas, se escondan ahora, cuando varias comunidades han dejado de administrarlas por falta de dosis, cuando la tasa de contagio está en cifras récord, o cuando ya faltan hasta jeringuillas. No es justo que la respuesta sea solo resignarse. El ansiado proceso de vacunación se está convirtiendo en una inmensa chapuza para la que solo oímos las excusas de unas autonomías completamente desprotegidas. El estado de alarma es un salvoconducto para que Sánchez ignore al Parlamento, desprecie a la oposición y comprometa a las autonomías. Desde luego, no se está usando para luchar con eficacia contra la pandemia, sino para que Moncloa haga ostentación de su poder. Sánchez miente, Illa está de campaña, y Fernando Simón confunde. El resultado solo puede ser una creciente frustración.

En este contexto se ha abierto un debate social sobre la procedencia o no de que los políticos y cargos públicos tengan un derecho de preferencia para vacunarse. Pero si se ha aprobado un protocolo que prioriza al personal sanitario y a los ancianos de las residencias, más expuestos al riesgo que nadie, todos aquellos consejeros, alcaldes y concejales que se han vacunado -incluida desde luego la cúpula militar tras el escándalo de vacunaciones secretas en el Estado Mayor-, han incurrido en un fraude moral con la sociedad. Pudo haberse regulado en el protocolo y expresamente no se hizo porque no hay ningún dato objetivo que justifique la inmunización de ningún político o alto cargo que no esté en evidente situación de riesgo o en contacto directo y continuado con el virus. Por eso han actuado a escondidas y con la impunidad de quien creía que no se sabría. Tarde llegan las excusas y los arrepentimientos, pero no han sido ejemplares ni transparentes, ni es explicable que se mantengan en sus cargos. Han usado en su exclusivo beneficio recursos públicos destinados a otras personas con más necesidades, y eso es una burla. Hacen daño a la política, y ahora el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros mandos militares también se lo hacen al Ejército. En su opacidad está la prueba. Las dimisiones y las destituciones son una exigencia democrática.