El juez reabre el caso ante los indicios de presunta prevaricación del alcalde

Son varias las pruebas que el portavoz de los populares de Dumbría ha venido aportando para demostrar que sus sospechas están fundadas. La cuestión se basa en la presunta legalización de manera irregular y a sabiendas, por parte del regidor, de la nave del adjudicatario de la mayor parte de la obra pública de este municipio de la Costa da Morte en los últimos años, Pedro Carreira, responsable de Lires Cons.

Tras ver cómo su primera intentona quedaba archivada, en esta ocasión Ramiro Iglesias ha desvelado —tal y como ha venido informando ABC— la supuesta falsedad de la ficha catastral en la que se escuda el concello y que ha sido modificada de un modo sobre el que hay aún más sombras que luces. Iglesias también ha incluido nuevas fotografías aéreas para evidenciar que el 31 de diciembre de 2002 la edificación no estaba construida. La fecha es fundamental, pues de estar ejecutada con posterioridad sería ilegal.

Finalmente, el PP dumbriés apunta a la relación más allá de lo profesional entre el alcalde José Manuel Pequeño —que es miembro de la Ejecutiva del PSdeG— y el propietario de la nave. La querella se dirige no solo contra el líder local, sino también contra el empresario —cuya esposa figura como titular de la finca— y la funcionaria del Catastro que modificó la fecha de levantamiento . El PPdeG les acusa de presuntos delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

La reapertura de la causa hace escasas fechas ha permitido conocer los detalles del expediente de declaración en situación legal de fuera de ordenación con el que el Ayuntamiento de Dumbría regularizó la polémica nave en julio de 2011. En él se incluyen un par de informes rubricados por dos arquitectos diferentes, declaraciones de tres testigos —de los que al menos uno de ellos es trabajador del empresario, según señala Iglesias— y diversas facturas. El PP sostiene que se trata de pruebas falsas y le llevan a afirmar la existencia de una «red fraudulenta en torno al alcalde». En todos los casos el objetivo es defender —contra lo que se observa en las imágenes oficiales tomadas desde el cielo— la existencia de la nave antes del 1 de enero de 2003.

Esos testimonios y documentos fueron recabados en 2011, pocos meses antes de que Pequeño diera luz verde a la nave. Las facturas de varias empresas se refieren al suministro de materiales de obras en la segunda mitad de 2002. Una de ellas es de Lires Cons, el negocio del propio dueño de la nave, que hoy la utiliza como almacén. Con anterioridad, él mismo hizo declaración jurada para avalar que la construcción databa de 1996, aunque con el tiempo se ha acreditado que no era cierto.

El PP —que mantiene en el concello una intensa disputa con el mayoritario grupo de gobierno que incluso derivó en un pequeño altercado el pasado enero— celebra haber accedido al expediente tras dos años de negativas. Aunque el concello sostiene que estuvo a su disposición, él reitera que no fue así. En las diligencias previas de aquella primera denuncia, se incluye un escrito de Pequeño en el que explica los motivos por los que regularizó la nave, situada en la parroquia de Olveira.

Comienza por reivindicar que «la finalidad de la denuncia no es otra que desgastar políticamente al alcalde de Dumbría, buscando un titular de prensa», pues como «no se consigue obtener en las urnas, se intenta desprestigiar la imagen del denunciado».

El regidor afirma que «la resolución dictada se hizo cumpliendo los requisitos que al efecto dispone tanto la transitoria tercera de ley 2/2010 como la circular que la interpreta» y que acreditó «suficientemente» su antigüedad. Justifica, frente a las pruebas gráficas, que «el Ayuntamiento no está obligado a consultar [fotografías aéreas de organismos como el Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA)] para conceder esa autorización».

A mayores, indica que «la documentación remitida por el solicitante para pedir esa incursión en fuera de ordenación no solo se ajustó a las exigencias legales, sino que incluso se aportó más documentación de la exigida». Termina defendiendo que «para que se cometa el delito la resolución ha de ser dictada a sabiendas de su injusticia» y que en su caso «no existe informe alguno» que le advirtiera de la posible ilegalidad de la acción que llevaba a cabo.