Terremoto político en Canarias: Fernando Clavijo, candidato de CC a la Presidencia, imputado por cuatro delitos

En una comparecencia convocada de urgencia en el Ayuntamiento de La Laguna, el también presidente de CC en Tenerife, confirmó que ha tenido cuatro años el teléfono «pinchado», de donde surgen los indicios de estos presuntos delitos.

«El juez decide proteger mis derechos e imputarme», dijo, al tiempo que invocó la «transparencia» de su aparición pública, ya que, dijo, ha preferido «dar la cara» ante los insistentes rumores. «Soy muy escrupuloso con mi comportamiento», subrayó.

El juez Pamparacuatro expone también que el regidor local ha sido imputado por presuntamente favorecer la contratación de personas en la empresa de residuos sólidos Urbaser —adjudicataria en La Laguna—, la concesión de una licencia para la apertura de una cafetería en el barrio de La Cuesta —precintada y cerrada posteriormente— y diversos expedientes urbanísticos relacionados con la zona de ocio de «El Cuadrilátero».

Entre los imputados también se encuentra la concejal del grupo de Gobierno María José Castañeda (PSOE), a quien se le achaca también el fraude en la concesión de ayudas al ser beneficiaria por ser vecina del complejo de viviendas.

Sobre el fraude en las subvenciones, que puede ser constitutivo de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, el alcalde ha señalado en rueda de prensa que los expedientes han sido "escrupulosos", y por ello, ha insistido en que defenderá ante la justicia su "honorabilidad" y la de los funcionarios.

Según su versión, el desalojo se produjo en 2010 y en base a informes técnicos y jurídicos que establecían que algunas viviendas no eran habitables, por lo que se habilitó una línea de subvenciones para el alquiler para las familias que fueron realojadas.

En el caso de las gestiones para favorecer la contratación de personas en una empresa, que pueden incurrir en un delito de tráfico de influencias, el auto alude a conversaciones telefónicas —tenía el teléfono pinchado desde 2010— en las que el alcalde recibe una llamada con el fin de ayudar a contratar al sobrino de su interlocutor en Urbaser.