EE.UU. acusa a Sánchez de «fortalecer a terroristas» tras el cierre del espacio aéreo contra Israel

La tensión recuerda a episodios pasados de enfrentamiento bilateral. En 2004, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero retiró las tropas españolas de Irak, provocando un choque frontal con Washington. La acusación de hoy se produce en un contexto de creciente presión de la Casa Blanca para que los aliados europeos respalden sin fisuras a Israel frente a Hamás y Hizbolá, y muestra hasta qué punto la política exterior española repercute en la coordinación con EE.UU. dentro de la OTAN.

Desde el año pasado, la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos (FMC) investiga a España por negar la entrada en sus puertos a buques estadounidenses que transportaban armamento hacia Israel. Madrid justificó esa decisión en razones de soberanía y principios humanitarios, al considerar que permitir esos tránsitos podía facilitar ataques contra civiles en Gaza. Washington, en cambio, lo interpretó como una barrera artificial al comercio marítimo.

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La FMC abrió un procedimiento formal con plazo de alegaciones y advirtió de que, si se confirmaba la existencia de condiciones discriminatorias, podrían imponerse sanciones de gran alcance: desde multas por escala hasta la prohibición de acceso a puertos estadounidenses. Las consecuencias ya son visibles. El puerto de Algeciras ha quedado fuera de una ruta clave en favor del enclave marroquí de Tánger-Med, una decisión de navieras como Maersk y American President Lines en pleno pulso diplomático.

En el Congreso estadounidense, la comisionada Rebecca F. Dye adelantó que la FMC publicará este año sus conclusiones sobre las prácticas españolas, en un contexto en el que la política de Sánchez hacia Israel ha tensado las relaciones con Washington y abierto un frente estratégico en el Mediterráneo.

A esta controversia se suma otra fuente de fricción: la resistencia del Gobierno español a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, el nuevo objetivo marcado por la OTAN con el respaldo de la Administración Trump. Sánchez calificó la meta de «irrazonable y contraproducente», advirtiendo de que pondría en riesgo el estado del bienestar y comprometería la soberanía industrial del país.

La presión de Washington fue inmediata. En junio, la portavoz de Trump instó a España a «pagar su parte», mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, replicó que el 5% era «absolutamente imposible» por falta de capacidad y materias primas. El propio Trump zanjó ante la prensa que España «pagará lo que tenga que pagar».

Finalmente, España quedó exenta de esa obligación, con el compromiso de elevar su gasto militar al 2,1% del PIB, frente al 1,28% actual. En la cumbre de La Haya todos los países asumieron la meta del 5% salvo España, que se presentó como garante de un equilibrio entre la defensa colectiva y la preservación del modelo social europeo.

La oposición interna no tardó en aprovechar la coyuntura. Alberto Núñez Feijóo acusó a Sánchez de debilitar a España en la Alianza y prometió que, de llegar al poder, alcanzará el 5% en menos de una década. La brecha abierta refleja así una nueva línea de fricción transatlántica, con España defendiendo su autonomía presupuestaria frente a la presión de Washington y de la OTAN.

Sánchez anunció el 8 de septiembre un paquete de medidas sin precedentes contra Israel, entre ellas la aprobación de un decreto para formalizar un embargo total de armas, así como la prohibición de que buques y aeronaves con cargamentos militares hacia Israel utilicen puertos o espacio aéreo españoles. El presidente justificó esa decisión en razones humanitarias y de derecho internacional, al calificar de genocidio la ofensiva israelí en Gaza. España acompañó el veto con un aumento de la ayuda humanitaria a la Franja y la exclusión del país de personas vinculadas a la ofensiva.

Ese mismo día, en Jerusalén, un ataque terrorista en una parada de autobús dejó seis muertos, entre ellos un ciudadano español de origen sefardí, Yaakov Pinto. La coincidencia entre el anuncio de Sánchez y el atentado avivó la tensión. Israel acusó a Madrid de hostilidad y de alentar al terrorismo, llegando a prohibir la entrada al país de dos miembros del Gobierno español, mientras España convocaba a consultas a su embajador en Tel Aviv y rechazaba de plano las acusaciones de antisemitismo.