Trump recibe en Georgia su cuarta imputación, esta vez junto a 18 acusados

El expresidente de EE.UU. fue acusado junto con otras 18 personas -aliados de Trump en esta campaña- de una trama de crimen organizado por diferentes actividades tras conocerse el resultado de las urnas: presiones a altos cargos de Georgia, acoso a empleados electorales, creación de una nómina falsa de delegados electorales o la penetración ilegal en datos de una oficina electoral.

Entre los imputados están figuras muy conocidas y cercanas a Trump, como el que fuera su abogado personal y gran muñidor de esta campaña, Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York; o su jefe de Gabinete en el fin de su presidencia, Mark Meadows. Pero también personajes desconocidos, como David Shafer, una de las personas que se prestaron a ser delegados falsos.

Trump ya había recibido tres imputaciones en lo que iba de año: en Nueva York, por los pagos para silenciar una relación extramatrimonial con una actriz porno antes de las elecciones de 2016; en Miami, por la retención de cientos de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago, su residencia en la costa de Florida; y en Washington, por sus intentos de revertir el resultado electoral de 2020 que acabó con el asalto trágico y bochornoso al Capitolio por una turba de sus seguidores.

La última investigación ha sido liderada por Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, que incluye buena parte de la mayor ciudad de Georgia, Atlanta, y donde se centraron los esfuerzos de Trump por evitar la victoria de Biden en el estado.

«Trump y el resto de acusados en esta imputación se negaron a aceptar que Trump había perdido, y voluntaria y conscientemente formaron una conspiración para cambiar de forma ilegal el resultado de la elección a favor de Trump», dice el escrito de imputación de esta fiscalía.

La acusación incluye 41 cargos. Algunos de los acusados solo tienen dos cargos, mientras que al expresidente le acusan de trece: además del de violación de las leyes estatales contra el crimen organizado -que afecta a todos los imputados-, están, entre otros, los de exigir a una autoridad que viole su juramento de respetar la legalidad o la conspiración para falsificar documentos y para entregar documentos falsos.

El objeto de la acusación se enmarca dentro de la campaña de Trump y de sus asociados para revertir los resultados de 2020 y que le valió la mencionado imputación en Washington, dentro de la jurisdicción estatal.

La diferencia en este caso es que se trata de la jurisdicción estatal de Georgia, lo que podría tener una consecuencia importante para Trump, que es el gran favorito para llevarse la nominación del partido republicano para las presidenciales del año que viene. Si Trump gana esas elecciones —su rival volverá a ser Biden— es probable que pueda aplicarse el perdón presidencial a sí mismo en las causas federales, como son las de los documentos clasificados y la de la campaña contra los resultaos de 2020, ambas lideradas por el fiscal especial Jack Smith. Pero eso no lo podrá hacer con una sentencia de la jurisdicción estatal, como es el caso de la de Georgia.

Solo el cargo de participación en organización criminal se pena con entre cinco y veinte años de prisión. «Es una ventana para cumplimiento de condena, no permite una sentencia de libertad condicional», aseguró Willis al filo de la medianoche del lunes, poco después de que se publicara el escrito de imputación.

«Georgia, como el resto de estados, tiene leyes que permiten que aquellos que creen que los resultaos de una elección son incorrectos denuncien esos resultados ante los tribunales», dijo Willis. «La imputación establece que en lugar de seguir el proceso legal en Georgia para revisar elecciones, los acusados se implicaron en una empresa de crimen organizado para dar la vuelta a las presidenciales en el estado», añadió, en un lenguaje que recuerda al que se utiliza en casos en los que está implicada la mafia.

Entre los episodios que desgrana la imputación y que forman parte de la trama, destaca la llamada de Trump a Brad Raffensperger, el republicano que ejercía de secretario de Estado de Georgia -por lo tanto, principal autoridad en las elecciones-, en la que le presionó para que «encontrara» los votos que le faltaban para dar la vuelta a la diferencia con Biden. También el acoso a Ruby Freeman, una empleada electoral del condado de Fulton a la que Trump acusó de ser una «defraudadora electoral profesional». O el robo de datos en el sistema de votación en Coffee County, en un intento de encontrar pruebas que dieran a Trump y sus aliados razones para sostener la acusación de robo electoral.

Otra diferencia importante con la imputación a Trump por parte de Smith en Washington es que el fiscal especial nombró seis co-conspiradores en la campaña para dar la vuelta a los resultados de 2020. Pero no les imputó, quizá en un intento de agilizar los procesos judiciales, ante la inminencia de las elecciones de noviembre del año que viene.

Willis ha preferido imputar a todo aquel que considerara que tiene participación en la trama y confirmó que su intención es llevarlos a todos a juicio a la vez.

Hasta el momento, las abundantes batallas judiciales solo han empujado a Trump hasta lo más alto en las encuestas. El expresidente siempre ha defendido que sufre una «caza de brujas» y la acumulación de causas alimenta esta idea.

Como ha hecho con cada imputación, acusó a los acusadores de ejecutar una persecución política. Un comunicado de su campaña calificó a Wills de «partidista rabiosa» y de presentar una imputación con «acusaciones inventadas».

Como el resto de acusados, Trump tendrá que presentarse en los juzgados de Atlanta en algún momento antes del mediodía del 25 de agosto para la puesta a disposición judicial y lectura de cargos, entre revuelo mediático. Más gasolina para su campaña.