Suecia pagará 30.700 euros a cada solicitante de asilo que se vaya voluntariamente

«Estamos en medio de un cambio de paradigma en nuestra política migratoria», ha explicado el ministro de Migración, Johan Forssell. Se trata de pagarles para que se vayan, en lugar de para que se queden.

El primer ministro conservador de Suecia, Ulf Kristersson, asumió el cargo en 2022 con la promesa de reducir la inmigración y luchar contra el crimen en su país, da así otra vuelta de tuerca contra la inmigración. Su Gobierno minoritario cuenta con el apoyo de los ultranacionalistas Demócratas Suecos, que se convirtieron en el segundo partido más importante en las elecciones parlamentarias con un 20,5 por ciento de los votos.

El nuevo Gobierno ha logrado que el número de solicitantes de asilo disminuya significativamente y, en los primeros seis meses, abandonaron el país más inmigrantes de los que entraron. Esto ha sido posible debido a un endurecimiento de la normativa migratoria que dificulta la reunificación familiar, reduce las prestaciones sociales para los solicitantes de asilo y sólo se concede permisos de residencia temporales.

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Además, Suecia ha reforzado los controles fronterizos y «no rehúye ir hasta los límites de lo legalmente permitido para enviar una señal clara de disuasión», según Bernd Parusel, especialista de Migraciones del Instituto Sueco de Estudios de Política Europea (SIEPS) de Estocolmo. Sin embargo, las repatriaciones suelen fracasar y se han convertido en el obstáculo a batir por el Gobierno. Este año, por ejemplo, no han sido posibles las repatriaciones a Afganistán, mientras que el año pasado cinco delincuentes afganos fueron deportados vía Uzbekistán. El Gobierno espera, con el aumento de la prima por retorno, que los propios extranjeros organicen su regreso.

Los pagos existen desde 1984, pero son relativamente desconocidos, y «sólo los utilizan por relativamente pocas personas», ilustra el diputado Ludvig Aspling, miembro de Demócratas Suecos, que defiende no solo aumentar la cantidad sino también dar más publicidad a esta opción. La medida ha sido tomada a pesar de que un estudio encargado por el Gobierno el mes pasado desaconsejó un aumento significativo de los potenciales retornos y sugería que la efectividad esperada no justifica los costos potenciales.

A finales de año, Estocolmo habrá registrado unas diez mil solicitudes de asilo, según los cálculos del Gobierno, y sin contar a los refugiados ucranianos. Habrá pasado de ser el segundo destino europeo más buscado para el asilo, sólo por detrás de Alemania, a representar únicamente el 1% de todas las solicitudes presentadas en la UE. Pero incentivar el retorno, dadas estas cantidades, puede suponer un saco sin fondo que no soporten las arcas públicas suecas. El mero hecho de mantener públicamente posiciones hostiles con los refugiados, que han dejado de percibir en Suecia un mensaje de bienvenida y protección, parece estar teniendo un efecto.

Pero además, el pasado mes de octubre, Suecia anunció un paquete de reformas disuasorias que impiden al refugiado vivir únicamente de las ayudas públicas. Ahora están sujetas a un tope y se les exige a los beneficiarios una «actividad» a tiempo completo. El acceso burocrático a las ayudas se ha endurecido, por otra parte, lo que tiene como consecuencia un tiempo de espera antes de poder solicitar los beneficios. El objetivo, que ya era prioritario para el anterior Gobierno socialdemócrata, es mantener la inmigración en un nivel muy bajo durante mucho tiempo, para revertir los efectos sociales y demográficos.